Sánchez Luna niega que se lucrara por adjudicar como edil los telecentros

El 'caso Telecentros' podría convertirse en una historia en la que por avatares de la subcontratación y otras circunstancias un contrato público acaba beneficiando casi por casualidad al concejal responsable o a su entorno. Al menos así lo justificaron ayer en la Audiencia Provincial de Alicante los acusados juzgados por este asunto, entre los que destaca el exedil de Modernización del Ayuntamiento de Alicante Francisco Sánchez Luna, a quien el Ministerio Público le atribuye la confección de un plan para sacar tajada a golpe de comisiones con la adjudicación del diseño de la cartelería y montaje de los 12 telecentros, presupuestado en 17.205 euros y que acabó engordándose hasta rozar los 21.000 euros.

Por estos hechos, el excompañero de regatas del entonces Príncipe y ahora Felipe VI se enfrenta a una posible condena de 5 años y medio entre rejas, aunque el resto de procesados se exponen a peticiones de pena que parten de los seis meses por cohecho, prevaricación, falsedad en documento oficial y falso testimonio.

El expolítico niega cualquier acusación, como también haberse beneficiado de su posición como concejal y hermano del administrador único de la firma que finalmente recibió 10.320 euros por instalar la cartelería de dos telecentros municipales. Kiko Sánchez, como también se le conoce, llegó ayer a la Audiencia Provincial convencido de su «inocencia» y contento por poder «explicarme ante la Justicia».

No obstante, el medallista olímpico en Barcelona 92 no atinó a desenmarañar cómo acabó su Concejalía beneficiando a la firma Información y Sistemas de Datos SL, de la cual figuró como apoderado desde 2006 hasta abril del 2009 sin que llegara a participar de ella, como explicó su hermano a preguntas del fiscal y su letrado, Pedro Beltrán

Esta empresa, además, era en ese mismo período de su hermano Jacobo, quien todavía mantiene un 60% de las participaciones de la misma. Pese a ello, el exedil de Modernización no se mantuvo al tanto de lo que pasaba en su oficina, como él mismo relató al fiscal Anticorrupción, Felipe Briones.

De hecho, cuando surgieron problemas con la facturación por este asunto dijo que se encontraba «disfrutando» de unas «vacaciones» en Mallorca al calor de la Copa del Rey de Vela. Además, «yo no tengo obligación formal de saber quién hace los trabajos», dijo el regatista, quien se mostró preocupado porque «estábamos haciendo el ridículo» con los retrasos que acumulaban.

La creación de la cartelería y su instalación en los telecentros de Alicante se adjudicó en febrero de 2009 a CTM. El asesor de Sánchez Luna, Santiago Colomo, quien ayer acudió con su letrado José María Orellana, recibió el encargo de buscar empresas para dicha tarea tras la concesión de unos fondos europeos, como explicó el exedil. El asesor acudió a Juan Carlos Eslava, quien decía representar a CTM, y otra firma.

«Por ser el presupuesto más bajo y porque daban 20 días de ejecución», optaron por la firma de Eslava, explicó Sánchez Luna. En nada influyó, como quisieron resaltar los acusados, que este último fuese apoderado mancomunado de Información y Sistemas de Datos SL, de Jacobo Sánchez, quien le había entregado el 33% de las participaciones. Al contrario, según el relato del exconcejal, su hermano, el asesor y el amigo representante de la adjudicataria, ninguno sabía que en sus manos se encontraba un contrato que podía resultar jugoso para casi todos ellos.

Así, en el verano de 2009, el Ayuntamiento ya había abonado varias facturas a CTM por el trabajo, pero devolvió tres porque, según dijo Kiko Sánchez, «no se había completado» el encargo. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción mantiene que no se abonaron las facturas por motivos bien distintos.

Obra en la causa una conversación grabada por el dueño de la empresa con Eslava, en la que este le decía que si no le pagaba el 50% del presupuesto hablaría con el Ayuntamiento para que no le hiciesen efectivas las facturas. Según el Ministerio Público, José Antonio García Roza acababa de ponerse con el asunto de los telecentros, pues era su hijo quien había gestado los acuerdos, pero tuvo que ser hospitalizado.

El hijo, Juan García Egea, acusado por formar parte del presunto entramado corrupto, corroboró que ganaron el contrato, pero que él no se hizo responsable de los pormenores, sino que fue su padre con quien dijo no mantener «una buena relación», a preguntas de su defensa, Juan Miguel Gualda.

Así, el contrato acabó en manos de Sinéresis SL, a quien Juan Carlos Eslava encargó la finalización del trabajo. Esta firma se encuentra bajo sospecha por haber cobrado 10.320 euros por rematar la faena y transferir el dinero a Información y Sistemas de Datos SL, de los hermanos Sánchez Luna y Eslava, quien justificó haber recibido ese dinero íntegramente a favor de dicha firma porque se trataba de unas deudas contraídas con él. Una empleada de Sinéresis Covadonga Marcos está imputada por registrar unos trabajos que nunca llegaron a acometerse.

Briones sostiene que pidió a un montador que mintiese para decir que formó parte de la cuadrilla que completó el servicio. El montador aseguró en instrucción que no participó en nada así, que era azafato. La acusada, preguntada por su letrada, Mari Paz Alarcón, achacó sus males a la administradora de su empresa porque «iba a muerte a por mí».