El tribunal achaca las dietas de la CAM a Vicente Sala y exculpa a Abad y Avilés

Absueltos. La Audiencia Nacional ha exculpado a los exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y Juan Ramón Avilés, para los que la Fiscalía pedía 4 y 2 años y medio de prisión, respectivamente, y que habían sido acusados de haber ideado un sistema irregular de cobro de dietas en una sociedad participada de la caja, así como de la concesión irregular de préstamos a Avilés.

En su sentencia, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional exonera además a los otros 18 partícipes a título lucrativo, que no tendrán que devolver las cantidades que percibieron como miembros de la Comisión de Control de Tenedora de Inversiones (TI), que ascendieron a 1,4 millones de euros.

La resolución, de 78 folios, señala que no ha quedado demostrado que López Abad «ideó o planeó» ni que «contribuyó burdamente a la creación» de la mencionada Comisión de Control, como un «instrumento para la percepción de una retribución, todo ello indebidamente», tal y como sostenían la Fiscalía Anticorrupción y la acusación ejercida por el Fondo de Garantía de Depósitos y la Fundación CAM .

Las consideraciones de estas dos últimas partes, sin embargo, la Audiencia Nacional «no las tiene en cuenta», al concluir que no estaban legitimadas para ostentar la condición de perjudicados por los hechos.

Los magistrados dan credibilidad a que, como sostuvo el exsecretario del Consejo de CAM durante el juicio celebrado en enero, «todo pudo deberse al descontento» de los directivos de las cajas por querer equiparar sus retribuciones a las de los consejeros por la asistencia a reuniones de participadas.

«Mera correa de transmisión»

En todo caso, la «idea» de hacer esa equiparación con las dietas fue del presidente ya fallecido, Vicente Sala, y López Abad solo actuó como «mera correa de transmisión» entre la Comisión de Retribuciones y el Consejo, donde elevó la propuesta.

Los magistrados muestran su sorpresa porque se le haya atribuido al ex director general -que aún debe ser juzgado por más piezas del caso CAM- un comportamiento penal por tales hechos, «relegando a nula trascendencia el hecho incuestionable de que fueran otros -los consejeros- los que votaron favorablemente» la propuesta. «Incluso sin entrar en el acierto o hasta en la ilicitud, en términos penales, de los acuerdos que se sucedieron (...) por las intervenciones que sobre el tema protagonizó el acusado», ello «no implica comportamiento penal alguno», subrayan.

A ello se une que se pidieron informes jurídicos sobre esta cuestión y López Abad se limitó simplemente a recabarlos «a instancia de la Comisión de Retribuciones», si bien «lo relevante» es que se buscó «ese parecer en vistas a dar cobertura legal al acuerdo que finalmente se adoptó».

«La caja no se vio afectada»

Juan Ramón Avilés, exconcejal del PP en el ayuntamiento de Murcia, estaba acusado también de recibir préstamos de manera irregular a través de la sociedad La Vereda de Sucina, que controlaba mediante sociedades interpuestas y varios familiares, con el supuesto propósito de eludir el control del Instituto Valenciano de Finanzas. Los préstamos ascendieron a casi 17 millones y que fueron sucesivamente renovados.

En este sentido, precisan los magistrados que el delito de contrato simulado debe ser en perjuicio de un tercero, y en este caso CAM «no parece que se viera afectada».

Así, explican que «todos los préstamos, las disposiciones extraordinarias, los créditos oficiales..., fueron bendecidos por la entidad CAM, pasando todos los filtros internos», y que la calificación de dudosos, que le hubiera obligado a abandonar la caja, no dependía de Avilés.

Además, el hecho de que transmitiera las participaciones a favor de su hermana Josefa Avilés «difícilmente» se puede vincular, afirma la Audiencia, al hecho de que quisiera seguir ocupando el cargo de presidente de la Comisión de Control de CAM.

Tampoco se «revela inequívocamente» que esa operación «fuera una transmisión meramente formal», cuando la mujer «mantuvo la operativa con la entidad», aunque Avilés «fuera quien siguiera vinculado a la gestión en su condición de abogado y en ocasiones representando a su hermana».