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Los concejales del PP votan en solitario en contra de una moción, la imagen más repetida en el Pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento de Alicante.
El Consistorio evaluará el impacto de Ikea pero reitera que la ATE no está en sus manos

El Consistorio evaluará el impacto de Ikea pero reitera que la ATE no está en sus manos

El equipo de gobierno rechaza incluir a la oposición en las negociaciones para pactar las alegaciones

Eva María Lahoz

Sábado, 28 de febrero 2015, 00:51

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante lanzó ayer mensajes contradictorios en torno a la capacidad que tiene la administración local de introducir mejoras en el proyecto urbanístico que contempla la instalación de Ikea en la ciudad, acompañada de una macrosuperficie comercial.

Por un lado, mantuvo su discurso de búsqueda del consenso con diferentes colectivos (no con la oposición) sobre todo en lo referente a la reducción de la superficie comercial, de cara a la presentación de las alegaciones. E incluso se mostró conforme con pedir al Consejo de Comercio y al Consejo Social que emitan informes sobre el impacto de Ikea, para incorporar sus conclusiones a estas alegaciones.

Pero, por otro lado, la concejal de Urbanismo, Marta García-Romeu, volvió a dejar caer en dos ocasiones que el Ayuntamiento «poco o nada» tiene que hacer acerca del proyecto, que destacó que está en manos del promotor y de la Generalitat, que es la administración que lo tramita.

El debate sobre la Actuación Territorial Estratégica (ATE) de Ikea en Rabasa consumió buena parte del Pleno ordinario celebrado ayer, ya que los tres grupos de la oposición plantearon propuestas al respecto, que fueron desestimadas por el PP.

La primera en debatirse fue una moción de UPyD, respaldada por todos los grupos de la oposición, en la que reclamaban participar en una comisión municipal de la que saliesen alegaciones conjuntas de la Corporación al proyecto de Ikea. Juntos, defendió el portavoz, Fernando Llopis, «tendremos más fuerza». El edil reclamó «que no sean Valencia y un empresario quien decida la mayor operación urbanística de la ciudad, en la que estamos hablando de triplicar la superficie comercial».

Sin embargo, el PP tumbó la iniciativa por entender que es mejor que «de manera libre cualquier ciudadano y cualquier colectivo pueda hacer alegaciones», explicó la edil de Urbanismo, Marta García-Romeu, que además señaló que el Ayuntamiento «poco o nada tiene que decir» sobre la ATE. El alcalde, Miguel Valor, intervino para matizar las palabras de la concejal y añadir que una vez que se tengan las alegaciones se compartirán con la oposición para buscar el consenso. Pero el voto fue negativo en cualquier caso, aunque fueron 17 los ediles que lo manifestaron, porque Juan Zaragoza se ausentó en la votación.

Informes de los consejos

En lo que sí que cedieron fue en la segunda parte de la moción, en la que UPyD pedía que el Consejo Social y el Consejo de Comercio emitiesen informes sobre el impacto de la ATE.

El PSOE y EU, por su parte, presentaron dos declaraciones institucionales muy semejantes en las que proponían pedirle a la Generalitat que suspenda la tramitación del proyecto urbanístico.

Los socialistas defendieron que la ATE es «la figura extraordinaria que han utilizado para dar viabilidad jurídica a un proyecto bajo sospecha» y consideraron que lo que hay que hacer es incluir la ordenación de Rabasa en el Plan General de Ordenación Urbana y elaborar un nuevo proyecto de instalación de Ikea que «no establezca como premisa la ubicación», apuntó la edil Loles Fernández.

Desde EU, el portavoz, Miguel Ángel Pavón, pidió a los populares que «si tienen algo de aprecio a esta ciudad y sus comerciantes» aprobasen la petición de suspensión de la ATE o, como él lo llamó, irónicamente, «el PTE, pelotazo territorial estratégico para Enrique Ortiz».

Sin embargo, García-Romeu hizo valer dos informes técnicos que, aseguró, avalan la imposibilidad de suspensión de la ATE por parte del Ayuntamiento. «Solo el interesado puede desistir», señaló. Pero fue más allá, al apuntar que el papel del Consistorio en la ATE es simplemente el de aprobar instrumentos de gestión y ejecución pero «carece de competencias para el desistimiento y para cualquier otro cambio en las condiciones esenciales de la ATE», al igual, dijo, que la Generalitat.

Es decir que, tal y como ya manifestó esta misma semana la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, el Ayuntamiento cree que los cambios están en manos del promotor.

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