El Banco de Alimentos de Alicante endurece el control sobre el reparto obligado por la UE

Un nuevo requisito en el reparto de alimentos procedentes de la UE obligará a cerca de 25.000 familias de la provincia a contar con un informe social que acredite su situación y, por tanto, que merece ser beneficiaria. Se trata de una medida de control europea para que esta ayuda, que se ha disparado, se dirija a los que realmente se encuentran en pobreza severa, según destacaron ayer desde el Banco de Alimentos de Alicante, institución que considera que será difícil que en el próximo reparto todos dispongan ya de este informe.

«El año pasado la ayuda alimentaria aumentó mucho, un 50%, y el número de nuevas solicitudes solo entre un 5% y 8%, algo está pasando, hay una cierta querencia a quedarse y se trata de filtrar» los casos, señaló el responsable, Juan Vicente Peral, quien señaló que el motivo de este requisito es «controlar la necesidad severa», a diferencia de lo que ocurría en años anteriores cuando la demanda de usuarios se duplicaba y era urgente y obligatorio incrementar las donaciones de kilos que se repartían.

En la provincia, actualmente, hay unas 25.000 familias que reciben comida europea (cerca de 100.000 personas). La mitad de ellas través de entidades a las que distribuye el Banco de Alimentos y el otro 50%, por parte de Cruz Roja. Según Peral, hasta el momento, no estaba extendido el contar con un informe social. Lo hacían, sobre todo, organizaciones como Cruz Roja o Cáritas, que realizaban una evaluación previa con sus profesionales antes de derivarlos al servicio de reparto de alimentación. Sin embargo, otras muchas entidades, entre un 30%-40%, no disponen de recursos «y no hacían este formalismo».

Según Peral, la valoración no estaba implantada al cien por ciento en la provincia. Una situación que cambiará y «el banco tendrá que exigirlo a todas sus entidades» (son cerca de 260 en Alicante) a la hora de realizar la distribución de las donaciones de la UE. Las entidades que gestionan la prestación recibieron el 20 de febrero un documento con los requisitos que deben satisfacer y la elaboración del informe de exclusión social de los beneficiarios, que deberían estar preparados antes del 9 de marzo. Una fecha que no se podrá cumplir, tal y como están las administraciones públicas, saturadas, si no se refuerzan los equipos. El responsable del banco explicó que estos informes se realizan a través de trabajadores sociales de centros públicos o privados. En este último caso contratándolos o con servicios externos de trabajadores o psicólogos sociales, siempre que sus dictámenes cumplan los criterios de la pública. El problema es que muchas entidades no tienen capacidad económica y se nutren solo de voluntarios para llevar a cabo esta tarea, por lo que ya se ha alertado al Ministerio sobre la posibilidad de que se refuercen los equipos o de autorizar a los bancos y dar líneas para contratar personal.

Hasta el próximo junio no está previsto que llegue una nueva remesa de alimentos procedentes de la UE a la provincia, momento en el que todos los beneficiados tendrían que estar ya en disposición de los nuevos requisitos, pero se ha pedido un aplazamiento. Y es que Peral duda de que pueda ser así y no estarán los informes sociales de la mitad de los usuarios. «Tendrá que estar al cien por ciento en octubre» para la siguiente distribución, señaló el director del banco, quien añadió que también habría que «cruzar los datos» con entidades para ver qué porcentaje de usuarios suelen recorrerse más de una organización en busca de alimentos. «Puede que caiga algún beneficiario» cuando se realicen las evaluaciones sociales, señalaron las citadas fuentes.

Hasta octubre

Por el momento, la institución se está nutriendo de colectas y donaciones públicas y privadas para continuar con el reparto hasta junio. Una ayuda que, afortunadamente, se ha incrementado de forma significativa y está permitiendo cubrir las necesidades de miles de familias.

Frutas y verduras son productos que les está llegando en cantidades importantes, repartiendo 80.000 kilos cada mes, lo que palía en parte la espera de la UE. «La situación todavía no es buena, pero ha habido una ligera mejoría» y en otros ejercicios han llegado a estar en una situación más crítica.

Hay que recordar que en la pasada campaña de Navidad se recaudaron cerca de 450.000 kilos de alimentos y en solo dos días. Una cantidad donada que ha permitido a las entidades cubrir la demanda de estos dos últimos meses.