Cinco ediles del PP de Novelda renuncian a sus delegaciones

El portavoz del PP en el ayuntamiento de Novelda, Rafael Sáez, y otros cuatro concejales del grupo municipal popular han renunciado voluntariamente a sus delegaciones, así como a pertenecer a las diferentes comisiones informativas y a la junta de gobierno local.

Esta medida se produce un día después del pleno ordinario de marzo en el que la mayoría del PP evitó que se votara una reprobación planteada por UPyD a la alcaldesa, Milagrosa Martínez, procesada en el caso Gürtel y a la que el PPCV ha suspendido cautelarmente de militancia.

Ayer el portavoz popular, Sáez, explicó a los periodistas que los concejales populares aún no se han planteado si deben votar la posible expulsión del grupo municipal de la alcaldesa, que pasaría a no adscrita, porque la suspensión de militancia aún no es definitiva.

Añadió que una vez que finalice el actual periodo de alegaciones y la medida disciplinaria se haga firme, los miembros del grupo se plantearían la situación.

Los concejales que han renunciado a sus competencias son el referido José Rafael Sáez (Juventud), aunque sigue siendo portavoz del grupo municipal popular al mismo tiempo que es presidente del PP local, Francisco Sepulcre (que renuncia a Industria, Fiestas, Agricultura, Turismo, Medio Ambiente y Normalización Lingüística), Bienvenida Algarra (Igualdad y Mujer), Hortensia Pérez (Mercado y Comercio) y Antonio Jesús Ruiz (Consumo).

De los cinco, Sáez y Sepulcre formaban parte de la junta de gobierno local.

Fuentes municipales han indicado a Efe que, como no podía ser de otro modo, la alcaldesa ha aceptado la renuncia y ha emitido un decreto para la reorganización de las delegaciones del equipo de gobierno.

De esta manera, Isabel Cascales suma a sus responsabilidades las de Industria, Fiestas, Agricultura, Turismo y Normalización Lingüística; Oriental Juan Crespo la de Mercado; Alonso Carrasco la de Mujer; Valentín Martínez la de Medio Ambiente y Francisco José Belda las de Juventud, Comercio y Consumo.

Dicho decreto será trasladado al pleno de la corporación municipal en la próxima sesión, quizá en la ordinaria de abril que está prevista para el día 20 de ese mes.

El fiscal pide 11 años de prisión para Martínez por los presuntos delitos de continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y cohecho por las supuestas irregularidades en la contratación del pabellón valenciano en la feria de FITUR (2005-09), cuando era consellera de Turismo.

La apertura del juicio ha sido señalada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) para el próximo 31 de marzo y Martínez declarará en plena campaña electoral, el 15 de mayo.