La Audiencia deja al exalcalde Díaz Alperi fuera del 'caso Rabasa'

La Audiencia Provincial ha dado carpetazo a la presunta intervención del exalcalde de Alicante y exdiputado en Les Corts del PP, Luis Díaz Alperi, en el 'caso Rabasa'. El exparlamentario esquiva de momento otro de los tantos procesos judiciales en los que su nombre aparece marcado, ya que sigue imputado por los presuntos amaños desde el Ayuntamiento de Alicante del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a favor del empresario Enrique Ortiz y deberá sentarse en el banquillo de los acusados por la comisión de supuestos delitos fiscales y de un delito de cohecho impropio.

El órgano provincial ha desestimado los recursos interpuestos en apelación por la Fiscalía Anticorrupción y el PSPV-PSOE contra la resolución del instructor del caso, Juan Carlos Cerón, quien exoneró desde el principio al que fuera primer edil de la ciudad entre los años 1995 y 2008. La acusación popular ejercida por Esquerra Unida ya pedía en su denuncia del presunto 'pelotazo' que Díaz Alperi figurase como imputado a raíz de las escuchas de la Policía en el marco del 'caso Brugal'.

En el auto de la Sección Primera de la Audiencia, al que ha tenido acceso este diario y por el que también se exculpa la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña, la Sala se adhiere a lo dicho hasta el momento por el titular de Instrucción 6 de la ciudad de Alicante. Juan Carlos Cerón incidía en octubre del año pasado, cuando sobreseyó la causa para Alperi, que las acusaciones no concretaban los indicios para imputar al exdiputado popular y que se basaban en el viaje a Oporto para conocer las instalaciones de Ikea, que el juez calificó de «desplazamiento oficial» y «público, que no tiene relevancia penal alguna».

Este extremo, a día de hoy, no ha quedado claro, pues en su declaración como imputada por prevaricación y tráfico de influencias, la exalcaldesa Sonia Castedo aseguró que cada uno de los viajeros se costeó de su bolsillo el desplazamiento. Pese a ello, el auto de la Audiencia, fechado el 2 de marzo, considera «sólida» la argumentación del instructor al especificar que se ha investigado suficiente, «pero que en ningún caso se concretan cuáles han sido las irregularidades de Alperi». Además, la Sala tacha de «irrelevantes», tal y como hiciese el juez, las observaciones del Ministerio Público sobre los datos para una imputación del político por su posible relación la tramitación del suelo de Rabasa, con cuyo planeamiento se pretendía instalar Ikea, una superficie comercial y más de 13.000 viviendas.

En dicho empeño, el juez instructor sí vislumbró indicios suficientes como para imputar a Castedo y a dos miembros de máxima confianza como el gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, y la jefa jurídica, Isabel Campos.

Archivo provisional

Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas por este diario mantienen que la actuación del exalcalde con el Plan Parcial se remonta a cuando aún atesoraba la vara de mando. De hecho, las primeras fases de lo que sería el macroproyecto urbanístico se remontan a fechas del 2004.

Este próximo viernes se reanuda la ronda de testigos que deberán declarar sobre este asunto. Los primeros en desfilar por el Palacio de Justicia de Alicante serán el que fuera jefe del servicio de Planeamiento de Urbanismo del Ayuntamiento, Miguel Ángel Cano, y la funcionaria María Ángeles de la Sierra.

A diferencia de los imputados, los testigos deberán contestar a cada una de las preguntas de las acusaciones populares ejercidas por EU y PSPV-PSOE, representados por los letrados José Luis Romero y José Antonio Díaz, respectivamente. A continuación, la edil Sonia Alegría y el abogado urbanista Rafael Ballester tendrán ocasión de testificar.