Diez años de cárcel para dos acusados de abusar de una menor discapacitada

Francisco y Manuel deberán pasar 10 años cada uno entre rejas. Al primero de ellos, un hombre de 60 años, y a su sobrino, de 35 años, la Audiencia Provincial de Alicante les condenó ayer a una década de prisión por abusar de la que era hijastra del primero en la localidad de El Campello, tal y como recoge la sentencia de la Sección Tercera. Los hechos, ocurridos entre los años 2007 y 2011, resultan aún más graves porque la chiquilla contaba cuando comenzaron las agresiones con tan solo 13 años de edad. La víctima sufre una discapacidad psíquica que en la actualidad está valorada en el 50%.

En el fallo, fechado a 18 de febrero, el tribunal considera acreditada la versión de la muchacha quien, desde que puso en conocimiento de su madre en septiembre de 2011 los hechos, ha mantenido una declaración «sin fisuras ni contradicciones» a lo largo del procedimiento, como sostiene la magistrada ponente de la resolución judicial.

Además de la medida de prisión, la Sala condena a los dos individuos a indemnizar con 10.000 euros cada uno a la joven por abusar de ella tanto en casa como debajo de un puente en el cauce del Río Seco.

La madre de la víctima denunció lo sucedido ante la Guardia Civil de El Campello cuando incluso el que fuera su pareja admitió los abusos, según su denuncia. Los agentes iniciaron entonces las pesquisas para dar con los sospechosos y hallar evidencias que esclareciesen los hechos que la menor les hizo constar. Por ello, los investigadores de la Benemérita se llevaron de casa de la víctima las sábanas que solía usar en su habitación.

Los ahora condenados aprovechaban que la madre trabajaba por la mañana para cometer los abusos en el domicilio de la niña, pero también se la llevaban a un paraje escondido en el cauce del río Seco, donde habían llevado un colchón que utilizaron para mantener relaciones sexuales con la menor turnándose mientras uno fumaba, aunque la niña relató que incluso la utilizaron a la vez. La víctima por su parte era incapaz de negarse debido a su discapacidad y a que su padrastro, a quien la menor se refería como padre, se aprovechaba de los estrechos lazos forjados con ella desde que tenía unos 11 años de edad.

La progenitora, quien ha ejercido la acusación particular representada por el letrado José Luis Sánchez Calvo, empezó a sospechar cuando su pareja, con quien inició una relación en 2006, le mostró unas fotos de su hija desnuda. «Me dijo que eso le excitaba», testificó la madre de la niña durante el juicio celebrado el 10 de febrero de este año.

En la vista oral, Francisco R.R. ofreció unas explicaciones para tratar de exculparse que a ojos del tribunal resultan «de todo punto absurdas» y carentes de «lógica», ya que adujo que primero mostró las fotos y reconoció haberse acostado con su hijastra porque quería que la mujer lo echara de casa.

Mientras tanto, su sobrino, Manuel E.Z, se limitó a negar lo ocurrido y a tachar a la muchacha de mentirosa, si bien era consciente de que atraía a la chica. Sabedores de la situación de la víctima, pese a que en el juicio negasen conocer sus capacidades psíquicas, ambos buscaban conseguir sus libidinosos propósitos diciéndole que le iban a comprar ropa o llevándola a un restaurante.

En el análisis de las sábanas intervenidas por el Instituto Armado se hallaron restos que a la postre han venido a validar todavía más la versión dada desde el primer momento por la chiquilla, quien en el juicio declaró a puerta cerrada. En las prendas de cama los investigadores encontraron restos de semen y otros signos biológicos de los parientes y de la víctima.

Los médicos forenses que se entrevistaron con la niña cuando se denunció lo ocurrido resultaron clave en el juicio. Sus conclusiones, recogidas en la sentencia, reflejan que la víctima «es casi incapaz de mentir», así como que «carece de capacidad para comprender los actos de carácter sexual, negarse a los mismos o interpretar los deseos de los demás». Todo ello, unido a la «dependencia afectiva» que tenía de ambos, le impedía entender las consecuencias de lo que ocurría.

Asimismo, la Sala impone a los dos procesados la petición hecha tanto por la acusación particular, representada por el reconocido penalista Sánchez Calvo, como por el Ministerio Público de mantenerlos alejados a más de 500 metros durante cinco años.