El arquitecto apartado antes de que se aprobara Rabasa declara que disentía del plan

La secuencia temporal arroja dudas de cómo actuó el Ayuntamiento de Alicante sobre quién debía informar del texto refundido del Plan Rabasa. El 13 de octubre de 2008 era Miguel Ángel Cano quien ocupa el puesto de jefe de Planeamiento de Urbanismo, cuya oposición a que la planificación del proyecto urbanístico estuviera en manos de un solo agente urbanizador era bien conocida, y solo dos días después se nombró a la funcionaria interina María Ángeles de la Sierra para reemplazarlo.

Los dos técnicos acudieron ayer al Juzgado de Instrucción 6 de la capital para declarar como testigos por el presunto pelotazo de Enrique Ortiz, imputado junto con la exalcaldesa Sonia Castedo, el gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, y la jefa técnica Isabel Campos, por la tramitación del macroproyecto urbanístico, que permitía la instalación de más de 13.000 viviendas y la instalación de Ikea.

Según trascendió del interrogatorio de ayer, el letrado de la acusación popular que ejerce Esquerra Unida, José Luis Romero, se interesó especialmente por la idoneidad de tramitar los 4 millones de metros cuadrados de Rabasa como un todo. A ojos de Cano, esta opción no resultaría buena para los intereses urbanísticos de Alicante, tal y como respondió a preguntas de Romero.

Pese a ello, a Cano se le encomienda la tarea de informar sobre el texto refundido del macroplan, cuyo único agente urbanizador era el también dueño del Hércules, para llevarlo a pleno. No obstante, cuando Miguel Ángel Cano solicitó la documentación para estudiarla, su tiempo como jefe técnico de la Concejalía de Urbanismo tocó a su fin.

El desfile de funcionarios del Consistorio alicantino por el Palacio de Justicia, algo que se ha tornado en habitual con la reactivación de los casos 'Rabasa' y 'PGOU', continuó con el pase de la actual jefa de Planeamiento, María Ángeles de la Sierra, quien sustituyó al, en apariencia, disidente Cano. Esta situación, la de promover al personal y degradarlo, resultaba habitual, según declaró el arquitecto y destacaron las defensas de los enjuiciados a la salida de la vista.

Pese a su poca experiencia, como ella misma reconoció ante el instructor del caso, Juan Carlos Cerón, De la Sierra se hizo con el puesto y en sus manos recayó la responsabilidad de informar sobre el plan. Su dictamen sobre el mencionado texto refundido fue favorable. Según las fuentes jurídicas consultadas, Enrique Sanus, el imputado defendido por Juan Pablo Agulló, y el jefe técnico también imputado, José Luis Ortuño, le asesoraron en la tarea para no fallar. El 21 de noviembre, De la Sierra emitió su informe. Tan solo cinco días después, el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía de Alicante cazó un mensaje de texto entre la jefa jurídica de Urbanismo, la también imputada y en situación de interinidad, Isabel Campos, con Ortiz. Un empleado del industrial también se reunió con De la Sierra para «ponerla al día».

La funcionaria informó al promotor de que en su poder obraba el informe favorable de la nueva jefa de Planeamiento. Al día siguiente los investigados intercambiaron sus impresiones por teléfono. «Misión cumplida», le decía una contenta Campos, defendida por el letrado Joaquín Galant, al poderoso empresario, que durante la charla le dedica dos expresivos «¡Qué grande eres!».

Aun con todo, ambos testigos han negado haber sufrido presiones para acometer como hicieron su labor en la Concejalía de Urbanismo, ni mucho menos reconocieron que existiera una purga de funcionarios contrarios al Plan Rabasa que luego eran sustituidos por otros de un perfil más afín. Para uno de los defensores de Enrique Ortiz, el abogado Alejandro Bas, las declaraciones «no aportan nada» al proceso, por lo que las tachó de «intrascendentes», ya que, según concretó, «Cano no participó de la tramitación de Rabasa ni desde el principio ni después».