La Audiencia mantiene la imputación de Castedo y dos técnicos por Rabasa

La Audiencia Provincial ha tumbado por enésima vez el intento de la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo de enterrar las escuchas policiales de las que se desprende el 'caso Rabasa', el presunto pelotazo urbanístico para favorecer al empresario Enrique Ortiz con la tramitación del plan parcial en el que estaba prevista la construcción de más de 13.000 viviendas y la instalación de la multinacional Ikea. Además de su recurso se desestiman también los del exgerente de Urbanismo, Enrique Sanus, y el de una técnico del departamento presuntamente implicados, y le recuerda a la exregidora que hasta cuatro secciones penales ya se han pronunciado al respecto de la nulidad de los pinchazos.

El Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) intervino las comunicaciones del promotor y con asiduidad fueron apareciendo las voces de la también exdiputada del PP en Les Corts, así como de otros políticos como su antecesor en la Alcaldía, Luis Díaz Alperi, tratando sobre el planeamiento urbanístico de la ciudad. Gracias a las pesquisas policiales se pudieron poner en marchas las piezas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y de Rabasa, derivadas del 'caso Brugal'.

Los investigados han tratado sin éxito en numerosas ocasiones de dar por nulas las conversaciones intervenidas. Tanto que en la Audiencia han adoptado resoluciones sobre el asunto las secciones Primera, la misma que ahora lo hace, la Segunda, la Tercera y la Séptima. El auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, recoge que está «todavía en fase de preparación, donde se recibe declaración a los recurrentes en calidad de imputados como es obligado para que tengan las garantías» que establece la ley.

El tribunal ratifica la decisión del titular de Instrucción 6 de Alicante, Juan Carlos Cerón, ya que los magistrados señalan que, «como refiere el juez instructor», basta que existan unos «indicios mínimos provisionales y una probabilidad de perpetración del hecho delictivo» para que deba decidirse la continuación del procedimiento por sus trámites y emplaza a las defensas a pedir la nulidad de las escuchas en las cuestiones previas a un posible juicio.

Además, la Sección Primera ha rehusado admitir la petición de llamar a testificar al juez que instruyó gran parte del 'caso Brugal' desde Orihuela, Carlos Martín, para que declare como testigo en la causa. Asimismo, el tribunal prefiere no pronunciarse sobre las fianzas a imponer a las acusaciones populares, que ejercen Esquerra Unida y PSPV-PSOE, por ejercer como tales.

Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital recibe hoy a una testigo por los presuntos amaños del PGOU. El juez Manrique Tejada citó a una empleada de la firma Asegur Ingeniería del Fuego SL para que declare por las sumas de dinero ligadas supuestamente con el entorno de Enrique Ortiz y que presuntamente salieron desde esa firma con destino a pagar sobornos a Luis Díaz Alperi.

Según recogen las escuchas y ha determinado la Policía en un detallado informe sobre los tejemanejes bancarios, ese dinero habría servido para cancelar las hipotecas de las hijas del exparlamentario popular.