Siete municipios piden a Pastor que evite el «monopolio» en las basuras

Siete municipios gobernados por el PSPV y afectados muy directamente por la inminente privatización de la planta de residuos sólidos urbanos Piedra Negra, situada en Xixona y cuyo proceso de enajenación quiere cerrar la Generalitat Valenciana el próximo día 23, hicieron piña ayer para exigir a Luisa Pastor, la presidenta de la Diputación y del Consorcio del plan zonal 7 (antiguo XIV), que agrupa a 37 pueblos de l'Alacantí, l'Alcoià y El Comtat, que «modifique el plan zonal para evitar el monopolio que quiere ejercer una empresa en exclusiva», según indicó anoche el portavoz de los consistorios y alcalde de Xixona, Ferran Verdú.

La cita se convocó la pasada semana, como adelantó este diario, y contó con la presencia de alcaldes y concejales de Alcoy, Cocentaina, Benasau, Alqueria d'Asnar, Agost, La Torre de les Maçanes y Xixona. No faltaron a la cita ni el portavoz de Medio Ambiente del grupo socialista en Les Cortes, Francesc Signes, ni el responsable de Medio Ambiente del PSPV provincial, Raúl Valerio. También asistieron las primeras tenientes de alcalde de Xixona, María Teresa Carbonell e Isabel López, y el edil de medio ambiente jijonenco, Francisco Torregrosa.

Hace justo una semana que la Conselleria de Infraestructuras que dirige Isabel Bonig anunció a través del DOCV que Vaersa, la empresa pública medioambiental y titular del 51% de acciones de Reciclados y Compostaje Piedra Negra SA, la mercantil que gestiona la polémica macroplanta pluricomarcal de Xixona, ponía a la venta el paquete de acciones a apenas tres meses de las elecciones autonómicas y locales.

El precio de salida es de 5,2 millones de euros y tiene derecho de tanteo y retracto (preferencia en la subasta) la actual gestora y copropietaria, Cespa, una filial del grupo Ferrovial Servicios que gestiona, a su vez, en sociedad con el polémico e imputado constructor alicantino Enrique Ortiz la planta de Fontcalent, en Alicante, así como la limpieza viaria en la capital alicantina.

Los alcaldes socialistas reunidos anoche en Xixona aseguran que «la operación les va a costar a los contribuyentes unos 11 millones de euros, pues en la última reunión del Consorcio, celebrada unos días antes de darse a conocer esta privatización, se anunció una inversión de 5,5 millones de euros para Piedra Negra, que «son teóricamente para adaptarla al nuevo PIR a tres meses de un posible cambio de la voluntad política», indica Ferran Verdú. El diputado Francesc Signes, que lleva muchos meses mostrando su oposición al plan integral de residuos de la Comunitat Valenciana, aseguró a este diario que «es un mal momento para esta privatización, con las elecciones a la vuelta de la esquina y un más que probable cambio de Consell, que puede modificar profundamente el mapa de la gestión de residuos, por lo que la empresa que vaya a la subasta debería pensárselo muy bien». Signes indica que «Cespa Ferrovial es una de las empresas multadas por la CNMC por amañar precios con una sanción e 13,6 millones de euros». Esta privatización apenas inquieta a la sociedad de Xixona. El pasado viernes se concentró solo medio centenar de personas en el Ayuntamiento.