Los expertos aprueban el Memorándum del Tajo pero avisan de que hay que vigilar

El Memorándum del trasvase Tajo-Segura ofrece un «marco estable y con plena seguridad jurídica técnica, hidrológica y económicamente» para el mantenimiento de la infraestructura hídrica, según los profesores de la Universidad de Alicante Joaquín Melgarejo y Andrés Molina. Ambos presentaron ayer en la sede de la calle San Fernando un estudio sobre este documento, firmado por las comunidades valenciana y murciana con el Ministerio de Agricultura que ponía fin a las inseguridades sobre la continuidad de la tubería. «Es un modelo de gobernanza, acuerdo y gestión», calificó el profesor Melgarejo, «en el que cabe felicitar a las administraciones».

A pesar de que con este Memorándum se ponía fin a la 'guerra del agua' entre comunidades autónomas, los expertos recomiendas a la Generalitat Valenciana que haga seguimiento «para evitar cambios en la Ley de Evaluación Ambiental (LEA), cambios en el plan de cuenca del Tajo o interpretaciones restrictivas» en las cesiones de agua. Al respecto, el conseller de Agricultura, José Císcar, recordó que la Confederación Hidrográfica del Segura ya aprobó una transferencia de urgencia el pasado verano «que salvó 200 millones de euros en cosechas» y otra hace escasas fechas de 20 hectómetros cúbicos.

En estos momentos, manifestó el conseller, negocian otro trasvase teniendo en cuenta que el caudal ecológico de 400 hectómetros cúbicos aprobado en dicho Memorándum todavía no es vigente, sino que le corresponde al río una reserva de 240 hm3 (valor anterior al del Memorándum) más 32 hectómetros cúbicos, es decir, 272. Entienden desde la Generalitat es viable que haya un nuevo desembalse para paliar el déficit hídrico de la cuenca del Segura.

Al respecto, el profesor Melgarejo aseguró que el aumento de la reserva en la cabecera se hizo por motivos políticos, ya que «no corresponde a ningún condicionante técnico ni ambiental». El conseller vino a darle la razón cuando afirmó que «el consenso es un factor clave en este acuerdo y todas las partes tienen que ceder, nosotros en la línea de reserva». No obstante estos peros, las conclusiones del estudio confirman el hecho de que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Con el Memorándum del Tajo-Segura «es la primera vez que el Gobierno reconoce la importancia del trasvase para España», manifestó Císcar.

Así lo corrobora el profesor Molina, quien cita al Tribunal Constitucional: «Si se deroga, producirá importantes perjuicios e iría contra el interés general», según una sentencia del máximo órgano de interpretaciones de la Carta Magna.

Los hechos son incuestionables. El Tajo-Segura genera 110.000 empleos y unos beneficios de 2.364 millones de euros en la industria agroalimentaria; 1,2 millones de usuarios están abastecidos con estas infraestructura, que tiene un valor patrimonial de 2.100 millones de euros.