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Eva María Lahoz
Sábado, 21 de marzo 2015, 01:29
El alcalde de Alicante, Miguel Valor, no desaprovecha ninguna oportunidad para dejar clara su total desvinculación con las políticas de su antecesora en el cargo, Sonia Castedo. Sobre todo en todos aquellos asuntos en los que está vinculado, de una u otra manera, el empresario Enrique Ortiz.
El regidor justificaba ayer ante los medios de comunicación el radical cambio de postura del equipo de gobierno hacia la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que promueve, entre otros empresarios, Ortiz en Rabasa. Un proyecto que contempla la instalación de seis macrotiendas, entre ellas, una de Ikea, y un gran centro comercial, además de otras dos parcelas de suelo terciario e industrial.
Lo hacía reconociendo que, a su juicio, el apoyo incondicional que el equipo de gobierno dio al proyecto antes de su acceso a la Alcaldía fue un «error», dado que, tras estudiar el expediente, ha descubierto en la ATE «problemas bastante gordos», «carencias» y «puntos conflictivos» que ahora pretende solventar en el proceso de alegaciones.
«De humanos es errar y no hay ningún problema en rectificar», señaló el primer edil, preguntado por este cambio de orientación en los mensajes trasladados desde Alcaldía, Comercio y Urbanismo, que hasta hace poco defendían a capa y espada el proyecto urbanístico, amparándose en la creación de empleo por parte de Ikea, y ahora lo cuestionan en profundidad.
«Llevo dos meses (en la Alcaldía) y en este tiempo hemos visto que el proyecto tiene algunos problemas bastante gordos que no se habían solucionado», explicó Valor. «No teníamos más que empezar a trabajarlo con los técnicos y nos hemos dado cuenta de que había que pedir más informes, ir de la mano de los comerciantes y hacer caso a los 400 o 500 con los que hemos hablado», añadió.
Preguntado sobre si este cambio de actitud en los concejales respecto a Ikea obedece al cambio de alcalde, Valor aseguró que no lo sabe, pero que lo importante es «que ahora estamos unidos todos».
El alcalde asegura que es «fundamental para Alicante» que el equipo de gobierno se haya «dado cuenta de unas carencias y de unas dificultades y ahora las traslademos».
Entre estas carencias cita problemas en los accesos, vías interiores y, por encima de todo, que «la edificabilidad es mucho más de lo que queremos para Alicante».
Temas que califica de «conflictivos», por lo que cree que lo oportuno es consensuarlos «con todo el mundo, incluido Ikea, pero no se deja», destacó, en clara referencia a las dificultades que está teniendo para lograr una reunión oficial con los suecos. «De momento no dice nada, pero supongo que nos llamarán», apuntó, al respecto.
Valor insiste en la idea de que Ikea «interesa a Alicante», pero «no una macrosuperficie como se plante a ahora».
También puso en duda la idoneidad de incluir en el proyecto las lagunas de Rabasa (suelo de los promotores). «Se tendría que ver en este momento qué proyecto hay para ellas, se habla de zona verde pero no se dice exactamente. Lo tenemos que aclarar», asegura. Un tema que, a su juicio, es importante desde el punto de vista medioambiental y también de gasto para el Ayuntamiento, porque, reconoce, mantener ese parque de un millón de metros cuadrados tendría un coste «tremendo».
En relación a estas dudas medioambientales, el alcalde aseguró que tiene pensado convocar el Consejo de Sostenibilidad para que emita un veredicto sobre la ATE, tal y como le pidió el grupo municipal de EU formalmente.
Ayer se convocó ya el Consejo Social para el día 26, como marca el calendario que el Ayuntamiento ha marcado para preparar las alegaciones conjuntas con los comerciantes y el informe municipal que debe entregarse el 13 de mayo.
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