El Consell sigue con la subasta de Piedra Negra, a pesar del rechazo general

La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente tiene previsto seguir adelante con el proceso de subasta pública de un paquete de acciones del 51% de la mercantil Reciclados y Compostaje Piedra Negra, SA, la polémica macroplanta supracomarcal de residuos sólidos urbanos de Xixona, pese a la manifestación en contra de la privatización que reunió a unas mil personas el sábado en el municipio turronero y pese al pronunciamiento en contra de la comisión de gobierno del Consorcio del Plan Zonal 7 que preside la titular de la Diputación, Luisa Pastor. Este ente estudia si opta al concurso o incluso si, a posteriori, en función de cómo quede el accionariado, se decide expropiar la instalación tras la aprobación de un proyecto de gestión directa por el propio organismo que conforman la Diputación, 37 ayuntamientos de l'Alacantí, l'Alcoià y El Comtat y la propia Conselleria de Medio Ambiente.

Un portavoz autorizado del departamento que dirige la consellera Isabel Bonig aseguró ayer por la tarde a este diario que «el proceso sigue adelante y el cumplimiento de la legitimidad y legalidad de la subasta pública». Nada ha alterado, pues, la hoja de ruta de la Generalitat Valenciana, cuyo objetivo claro es hacer caja, tal y como ya anunció hace dos años, en el epicentro de los recortes y ajustes públicos, tras la aprobación de la Ley 1/2013 de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial con la que la Generalitat Valenciana quería reducir gastos y obtener liquidez de modo urgente.

El precio de salida es de 5,2 millones de euros por las 1.840 acciones nominativas a nombre de Vaersa, a razón de 2.839,91 euros por acción, según el anuncio publicado en el DOCV el pasado día 2 por Vaersa. No se conoce cuántas empresas han podido optar al concurso, ni siquiera si no hay ningún licitante, pese a que el actual gestor, Cespa, filial del grupo Ferrovial Servicios, que coexplota la planta desde su apertura en el año 2003 junto a la Administración autonómica, tiene «derecho preferente». El plazo de presentación de las propuestas ajustadas al pliego de condiciones finalizó el pasado viernes a las tres de la tarde.

Ferrovial eludió hace una semana, en declaraciones a este diario, aclarar si finalmente participaría en la subasta pese a disfrutar de derecho de tanteo y retracto. La subasta pública de hoy, si es que hay aspirantes, será al alza con la adjudicación a la oferta más elevada. Los subasteros deberán presentar fianza por el cien por cien de su oferta presentada, que nunca será inferior a 5.223.600,33 euros.

Desde que el pasado día 2 la Generalitat anunció esta subasta, las muestras de rechazo han ido 'in crescendo' no sólo en el municipio turronero, en cuyo término municipal se ubica Piedra Negra y cuyos vecinos sufren casi en silencio desde hace once años olores de lixiviados, polémicas permanentes y tráfico continuo de transporte pesado en la saturada CV-800, sino también en el conjunto de los 37 municipios afectados, entre ellos los tres que más vierten y que más podrían sufrir un eventual incremento del recibo de la basura: San Vicente, San Juan y Mutxamel, los tres del PP. También los siete gobernados por el PSPV mostraron en una reunión en Xixona su preocupación y pidieron a Luisa Pastor que actuara con celeridad para evitar el «monopolio» en las basuras si se privatiza la planta.

El Consorcio de Residuos del Plan Zonal 7 A2, que engloba estos municipios que vierten en Piedra Negra desde el año 2003, decidió en comisión de gobierno presidida por Luisa Pastor el pasado miércoles advertir a un posible comprador (incluida Cespa) de que podría ejecutarse una expropiación de la instalación si se privatiza. Para ello, el Consorcio hizo suya la propuesta del alcalde de Xixona, Ferran Verdú, partidario de la compra del 51% de Piedra Negra de modo proporcional, como los 36 alcaldes restantes y la Diputación, pero que no lo considera necesario. Así, el Consorcio decidió comunicar a la consellera Isabel Bonig (cuyo anuncio sorpresa de la subasta generó enfado incluso enla Diputación al no conocerla) la posibilidad de poner a su disposición, con gestión directa, el vertedero si aprueba el proyecto de gestión. Con ocho años de retraso, se adjudicará en breve. Diputación y Ayuntamientos tienen mayoría.