Alperi cree que lo más «razonable» habría sido mantener el PGOU

El impulsor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, el exalcalde Luis Díaz Alperi, defendió ayer su creación pese a que el proyecto para replantear la ciudad nacido a comienzos del milenio sigue acorralado por los juzgados de instrucción de la capital alicantina y ha sido liquidado por el actual regidor de la ciudad, Miguel Valor, que ha decidido anularlo. El exparlamentario acudió a la Audiencia Provincial a recoger la citación para testificar en mayo por Mercalicante, donde se encontró a los periodistas que debían cubrir el juicio por el tiroteo de hace dos veranos en la Colonia Santa Isabel.

Allí, el que fuera primer edil de la capital alicantina valoró la elección de la candidata popular para mantener la Alcaldía de la ciudad y tuvo que responder a preguntas a cuenta del recientemente retirado Plan General, medida que ha contado con el respaldo de la Generalitat Valenciana y del resto de grupos en la oposición del Ayuntamiento alicantino.

«Me hubiera parecido razonable», señaló, «recuperar y modificarlo en parte», sobre el reinicio del proyecto, ya que según dijo, quien «pierde es la ciudad». Ahora bien, el exparlamentario del PP aclaró que entiende que hoy en día hay una «situación económica distinta» que «no tiene que ver» con la que había a principios del año 2000 y con las necesidades urbanísticas de la ciudad de entonces.

Además, en torno a este asunto, Díaz Alperi manifestó que la anulación del PGOU en tramitación es una «decisión política» de la «nueva etapa» en el Ayuntamiento que lidera Miguel Valor. En un Pleno celebrado para la ocasión, el Consistorio selló el desistimiento de un Plan que no ha llegado a desperezarse. Por ello el exalcalde confió en que este nuevo plan se tramite de forma más ágil. «¡Cómo vuelva a tardar 6 ó 7 años...! », exclamó.

La tramitación del Plan General llevaba anquilosada desde hacía 14 años en los despachos del Ayuntamiento y la Generalitat, pero sobre todo en los juzgados. Precisamente por las presuntas irregularidades del PGOU, Luis Díaz Alperi se encuentra imputado por cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información.

En el mismo cesto de los ahora llamados investigados le acompañan su sucesora y entonces edil de Urbanismo, Sonia Castedo, el presunto beneficiado por la supuesta trama de corrupción del Ayuntamiento, Enrique Ortiz, y así hasta una veintena de imputados entre los que también está el hermano de Castedo y su despacho de abogados, acusados de redactar alegaciones al plan.

La rama del 'caso Brugal' que afecta al urbanismo de Alicante no se queda solo en el PGOU, pues si bien sobre este asunto indaga el titular de Instrucción 5 de la capital, Manrique Tejada, su homólogo en Instrucción 6, Juan Carlos Cerón, coordina las diligencias para averiguar si se cometieron ilegalidades en el marco del Plan Parcial Las Lagunas de Rabasa.