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Los acusados, ayer, en la sala especial que ha habilitado la Audiencia de Valencia para este macrojuicio.
Las defensas de Terra Mítica exigen la prescripción del delito fiscal y de falsedad

Las defensas de Terra Mítica exigen la prescripción del delito fiscal y de falsedad

Dos abogados solicitan la nulidad de las conversaciones grabadas entre miembros del PSPV y dos empresarios

A. RALLO / AGENCIAS

Martes, 24 de marzo 2015, 02:05

El juicio contra los 35 acusados en la causa conocida como Terra Mítica, una trama de facturas falsas por servicios prestados al recinto de ocio pero también a diferentes poblaciones, arrancó ayer en la sala habilitada por la Ciudad de la Justicia para este tipo de macroprocesos. La Fiscalía pide penas que oscilan entre los siete y 10 años de cárcel para los cuatro exmiembros de la cúpula del parque. Se trata del expresidente Luis Esteban; el exdirector general Miguel Navarro; el exjefe del departamento de Contratación, Justo Valverde, y el exdirector técnico Antonio Rincón. El día -al igual que las próximas tres sesiones- estaba dedicado a las cuestiones previas. Tal y como era previsible, las defensas de los acusados, entre ellos los cuatro exdirectivos del parque, reclamaron la prescripción del delito fiscal del año 2000 y, como consecuencia, también el ilícito de la falsedad documental.

Terra Mítica ejerce un doble papel en el proceso, como acusación y como defensa. La representación de la empresa reclamó la prescripción del delito fiscal -la declaración del IVA- del ejercicio correspondiente al año 2000. La letrada explicó que la fecha desde la que empezaría a contar la comisión del delito es el 31 de enero de 2001 y el procedimiento no se inicia hasta mayo de 2006. Es decir, según su tesis, habrían transcurrido más de cinco años. Hay que recordar que el juzgado decidió archivar la causa, en lo referente al delito fiscal, para que se subsanara la deficiencia de no haber dado traslado a las partes afectadas antes de presentar la denuncia en la Fiscalía. El caso se reabre cinco meses después de la fecha en la que el delito quedaría prescrito, según las defensas.

Los letrados, prácticamente en su totalidad, se acogieron a la misma explicación y añadieron algunas críticas a la posición de las acusaciones. Su tesis sería «prolongar la prescripción a cuando la Agencia Tributaria quiera», alertó el letrado de Navarro.

Las acusaciones sostienen otra postura. Que la fecha límite sería julio de 2006, cuando se materializa el pago del IVA por parte de los acusados o de Hacienda. Hay que tener en cuenta que la situación de los directivos del parque y la empresa es diferente al del resto de los acusados. Ellos están acusados de beneficiarse de la devolución de cantidades de IVA que no les correspondían, mientras al resto se les acusa de no pagar este impuesto.

La Sala adelantó que resolvería la mayoría de las cuestiones previas en sentencia. Es decir, tras la celebración del juicio que está previsto que se prolongue hasta el próximo mes de septiembre. No obstante, los letrados exigieron que lo hagan en esta primera fase lo que supondría clarificar y agilizar el procedimiento en caso de que aceptaran la propuesta de las defensas.

Todos los letrados coincidieron en solicitar, como consecuencia de esta primera prescripción, la inexistencia de los delitos de falsedad documental, ya que ambos ilícitos irían ligados. La falsedad es el instrumento a partir del cual se comete el fraude, según sostienen los abogados de varios acusados.

De igual modo, los letrados de Vicente Conesa y José Herrero también reclamaron la nulidad de las grabaciones de unas conversaciones entre miembros del PSPV y dos empresarios en las que se relacionaba a Vicente Conesa con el expresidente Zaplana en un supuesto cobro de comisiones. Los letrados, en esta misma línea, solicitaron también la nulidad de la comisión rogatoria que se realizó a Andorra donde se descubrió una cuenta a nombre del empresario. Sobre las conversaciones, uno de los letrados explicó que fueron tomadas «de forma subrepticia, mucho después de que ambos estuviesen imputados», se tomaron sin su conocimiento y, supuestamente, bajo la promesa de recibir ayuda para sufragar sus gastos de defensa.

Reivindicación del turno

Un grupo de letrados que participan en el proceso por designación del turno de oficio reclamaron como medida extrema la suspensión del juicio hasta que la Conselleria de Justicia acuerde una retribución digna por su trabajo. Uno de los profesionales lamentó que actualmente cobra 14 euros al día.

Hoy las defensas continuarán con las cuestiones previas a partir de las nueve y media. El juicio arrancó ayer con una hora de retraso. Un abogado se excusó al verse inmerso en un atasco por la lluvia, mientras que un acusado llegó casi una hora tarde al asegurar que estaba en el médico. Algunos de los procesados han solicitado que el tribunal les exima de estar presentes en todas las sesiones.

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