Los acusados en el juicio de Terra Mítica piden de manera unánime la prescripción general

Las defensas de los 35 acusados en el macrojuicio del 'caso Terra Mítica' solicitaron ayer de forma unánime la «prescripción general» de los delitos contra la Hacienda pública y falsedad y solicitaron a la sala que se pronuncie sobre esta petición antes de proseguir con el juicio.

La Ciudad de la Justicia de Valencia celebró ayer la segunda sesión de este macrojuicio, en el que se juzga un supuesto fraude superior a los cuatro millones de euros en el que habrían colaborado exdirectivos de este parque de atracciones ubicado en Benidorm y decenas de empresarios, mediante la presentación de facturas falsas.

Concretamente, se atribuyen a los 35 procesados delitos contra la Hacienda pública, estafa y falsedad en documento mercantil y los cuatro ex altos cargos de Terra Mítica se enfrentan a penas de prisión de entre siete y diez años, según la petición del Ministerio Fiscal.

Al igual que la del lunes, y previsiblemente las de hoy y mañana, este martes se dedicó a cuestiones previas planteadas por las defensas, que insistieron en la prescripción de los delitos de falsedad documental y contra la Hacienda pública, y reclamaron con insistencia un pronunciamiento previo de los magistrados al respecto.

Durante las dos horas de la sesión, los letrados concluyeron las exposiciones de las cuestiones previas por parte de las defensas, de forma que esta mañana deberán responder a las mismas las acusaciones (Fiscalía, Terra Mítica y Abogacía del Estado) y previsiblemente el jueves deberá responder la sala a estas mismas peticiones.

El primero en intervenir fue el letrado del empresario Ginés Avilés, quien reclamó que se deje fuera del proceso a su representado por la «inconcreción, imprecisión y abstracción de las acusaciones» contra él.

Se refirió concretamente al escrito de acusación del Ministerio Público que «de 56 folios únicamente dedica dos líneas» a Avilés para atribuirle «una participación universal, aplicable a todos los delitos», una fórmula que este letrado considera «inadmisible».

En sus exposiciones, los letrados expresan sus quejas por la dilación del proceso, ya que se juzgan hechos delictivos, supuestamente cometidos hace quince años, así como por la apertura de diligencias «al límite de la prescripción» o lo que consideran una «instrucción errática».

También, en el ámbito formal, un letrado protestó por la distancia con la presidencia de la sala, porque le resultaba complicado exponer «tras una muralla de togas» y por el mal funcionamiento de uno de los altavoces.

El turno de oficio

Otra letrada expresó su apoyo a las reclamaciones formuladas ayer por los abogados del turno de oficio grave, que pidieron la suspensión del juicio hasta que la Conselleria de Justicia no garantice, mediante convenio, unas retribuciones acordes con la excepcionalidad del proceso.

A juicio de esta abogada, los acusados representados por letrados del turno de oficio habrán añadido «miedo» a su situación, al comprobar la «desigualdad que conlleva su defensa» frente al resto de acusados.