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Catalá y Císcar, a la derecha, en un acto ayer en Benissa.
Catalá destaca la transparencia del Consell ante la querella de EU

Catalá destaca la transparencia del Consell ante la querella de EU

El TSJCV deberá pronunciarse sobre la demanda del partido de izquierdas ante la falta de información a la oposición en Les Corts

EFE

Miércoles, 25 de marzo 2015, 01:50

La portavoz del Consell, María José Catalá, aseguró ayer que en esta legislatura el Consell «ha ejercido una transparencia sin precedentes en el parlamentarismo valenciano» y que, por ello, están «muy tranquilos» ante la querella presentada por Esquerra Unida (EU) por vulnerar su derecho de acceder a información pública.

Catalá hizo estas manifestaciones al ser preguntada por la decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia de remitir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) esta querella contra Catalá y contra el vicepresidente del Consell, José Císcar.

La única novedad, dijo la portavoz, es que la querella «ha pasado del juzgado ordinario al TSJ», lo cual «era lógico», debido a la condición de aforados de ambos políticos. Ahora es turno para que la máxima autoridad judicial en la Comunitat decida si la admite a trámite o no.

La portavoz defendió que desde el Consell «se ha dado más información que en la vida» a los grupos parlamentarios: «Hemos puesto a disposición de la oposición más de 12.000 documentos en los últimos cuatros años y hemos atendido más de 55.000 solicitudes parlamentarias», afirmó. La providencia la hizo ayer pública el portavoz de EU en Les Corts, Ignacio Blanco, durante el debate de la ley de Transparencia.

En ella, el juzgado considera que tanto Císcar como Català han venido denegando la información que se le solicitaba por algunos diputados y que estos hechos podrían tener su encaje en el artículo 542 del Código Penal. Éste establece que incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a cuatro años la autoridad o funcionario que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de sus derechos cívicos reconocidos por la Constitución.

También es necesario acudir a otras normas como la ley sobre acceso a documentos de archivos de las administraciones por parte de diputados o senadores, al Reglamento de Les Corts, e incluso al Constitucional o Supremo.

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