La Fiscalía rechaza la prescripción de los delitos fiscales en el juicio de Terra Mítica

La Fiscalía criticó ayer que las defensas del caso Terra Mítica, en el que se ha investigado un fraude de 4,4 millones de euros en la construcción del parque temático de Benidorm, hayan intentado «dilatar y obstaculizar» la investigación, y que ahora recurran a la solicitud de la prescripción de los delitos para que se anule un juicio «que tanto se ha estado esperando». La fiscal se pronunció así ayer en la tercera sesión de la vista del caso Terra Mítica , dedicada a cuestiones previas, después de que durante dos días -lunes y martes- las defensas solicitaran la nulidad de las actuaciones y la suspensión del juicio por la prescripción del delito fiscal, el de estafa y de falsedad documental.

Ante ello, el ministerio público lanzó algunas críticas a las defensas y lamento que a lo largo de la investigación de este asunto -que se ha prolongado durante 10 años- se han interpuesto numerosos recursos «con la clara intención de conseguir la prescripción de los delitos». «También -agrega- se estaba intentado dilatar la investigación y obstaculizarla, intentado conseguir que se archivasen las actuaciones».

La fiscal recordó que las defensas lograron «varias veces» que se archivara el procedimiento, aunque luego la Audiencia de Valencia revocó estas resoluciones. Ahora, lamenta que los abogados recurran a las prescripciones «para conseguir que no podamos celebrar el juicio». Frente a ello, el ministerio público niega que haya prescripción de delitos o indefensión por parte de algunos acusados, pues sostiene que todos han tenido acceso a las denuncias del fiscal y a la documental de la Agencia Tributaria. Así, pide al tribunal que resuelva sobre las cuestiones planteadas por las defensas en sentencia, y que no suspenda el juicio.

Respecto a la prescripción del delito fiscal, señaló, frente a lo que sostienen las defensas, que no ha prescrito, y subrayó que le llama «poderosamente» la atención que después de tantos años de instrucción «nadie» haya planteado este asunto. «Han permitido, si realmente creen que ha prescrito, que siguiésemos con él. Y nos llama la atención que se utilicen estas cuestiones previas para poner de manifiesto dicha prescripción», afirma. Seguidamente, puntualiza que el plazo de la prescripción comienza a correr cuando hay consumación del delito, en este caso, cuando Hacienda devolvió dinero o cuando los acusados abonaron determinadas cantidades a las arcas públicas. Esto es, según recuerda, en julio de 2001, con lo que el plazo para prescribir concluiría en el mismo mes del año 2006. «Para la consumación se requiere desplazamiento patrimonial realizado por la parte», agrega. En todo momento se refieren al IVA del año 2000.

Asímismo, la fiscal defiende que los delitos de estafa y de falsedad documental que se imputan a algunos de los 35 acusados están acreditados, y que no ha habido indefensión de las partes por no tener acceso a determinada documentación. «Han tenido perfecto conocimiento de la acusación formulada y han podido tener acceso a toda la documental de la Agencia Tributaria», apunta.

En cuanto a la solicitud de nulidad de las grabaciones entre miembros del PSPV y los empresarios Antonio Moreno Carpio y José Herrero García en las que se relacionaba al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana con el supuesto cobro de comisiones ilegales en las obras del parque temático, tanto la fiscal como el abogado del Estado se oponen y aseguran que se transcribieron y se abordaron conforme a ley. No ven conducta delictiva en la grabación ni un atentado al secreto de las comunicaciones.

Tanto la fiscal como la Abogacía del Estado también se han referido a la queja efectuada por parte de abogados de los acusados que pertenecen al turno de oficio del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav), que han solicitado al tribunal la suspensión del juicio hasta que se firme un convenio con la Conselleria de Gobernación y Justicia y consigan una retribución «digna». Las acusaciones se solidarizaron con estos letrados pero aseguraron que no pueden hacer más que esto. En concreto, el abogado del Estado apuntó que esta cuestión no es causa de suspensión, ya que no está prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por su parte, la abogada de Terra Mítica -acusación particular y defensa- centró su intervención en la petición del abogado de Vicente Conesa de apartarla del proceso por haber mantenido reuniones previas con su cliente y utilizar luego la información que obtuvo para formular acusación contra él. Al respecto, la letrada dijo que solo recuerda dos reuniones con Conesa y éstas se produjeron en 2005, antes de iniciarse cualquier proceso judicial. Así, no se había iniciado ningún pleito y tampoco se había designado abogado al acusado. Además, la letrada aseguró que en estas reuniones, en las que estuvo también presente una compañera suya, siempre se presentó como letrada de Terra Mítica, y nunca dijo a Conesa que fuera a representarle o a defender sus intereses. Por todo, señala que no hubo vulneración del derecho de defensa ni de secreto profesional. «Esto es una trampa», lamentó.

En esta causa hay un total de 35 acusados, y Fiscalía solicita entre siete y diez años de prisión para los cuatro exresponsables del parque temático: el expresidente, Luis Esteban; Miguel Navarro -ex director general-, Justo Valverde -exjefe del departamento de Contratación- y Antonio Rincón -ex director técnico-. La vista continuará el día 14 de abril.