Medirán el impacto de la ATE de Ikea en el empleo, el comercio y el territorio

El Consejo Social de Alicante, presidido por el alcalde, Miguel Valor, ha acordado hoy la creación de tres comisiones para medir el impacto de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) de Ikea en el empleo, el comercio y el territorio, según un comunicado del consistorio.

Esta ATE prevé la implantación de la multinacional sueca Ikea en el barrio de Rabasa, está promovida por la sociedad Alicante Avanza -participada por el empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal- y se encuentra ahora en fase de exposición pública.

La creación de estas tres comisiones ha surgido a propuesta del vicepresidente del consejo, el edil Carlos Castillo, tras escuchar las sugerencias de los consejeros, añade la nota.

Los dictámenes de estas comisiones se llevarán a aprobación en una próxima sesión del consejo.

La intención municipal es enviar estos dictámenes a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, la competente para resolver la ATE y que recibirá también las alegaciones formales.

Las medidas han contado con la aprobación de todos los miembros, salvo la abstención del grupo municipal socialista.

En la reunión también se ha anunciado que el Ayuntamiento de Alicante fijará una posición "clara y única" sobre las alegaciones a la ATE, que se conformará a partir de tres vías, según el comunicado.

La primera de ellas será una mesa técnica municipal, coordinada por el concejal de Empleo y Fomento, Carlos Castillo, que se reunirá una vez a la semana durante todo el proceso.

Dicha comisión estará formada por dos funcionarios de la Concejalía de Comercio, dos de la de Urbanismo, dos de la de Imagen Urbana, dos de la Agencia Local de Desarrollo y un letrado del Servicio Jurídico Municipal.

En segundo lugar, la propia opinión del Consejo Social, cuando el órgano emita su dictamen definitivo, y en tercer lugar, el parecer del Consejo Local de Comercio, cuya vicepresidenta es la edil de Comercio Belén González, que se reunirá el próximo 13 de abril.

Estas tres vías determinarán una posición unívoca del consistorio en las alegaciones a la ATE de Ikea, según se afirma en el comunicado.

Valor ha explicado a los miembros del consejo y a los colectivos de comerciantes invitados a participar que, debido al previsible impacto de la ATE de Ikea en la ciudad, el gobierno municipal, del PP, ha creído conveniente reunir al Consejo Social y facilitar la participación de los distintos agentes de la ciudad en el análisis y valoración la propuesta.

En este consejo están representados los grupos políticos municipales, las juntas vecinales, los sindicatos, la patronal, Cámara de Comercio, la Universidad, la Autoridad Portuaria, personas de reconocido prestigio de la ciudad y colegios profesionales, según indica el comunicado del consistorio.

El alcalde ha reiterado que al gobierno municipal le gustaría ir de la mano de los comerciantes en este asunto y plantear unas alegaciones conjuntas con el soporte de los técnicos municipales.

"Ya hemos dicho que somos partidarios de la tienda de Ikea pero creemos que la superficie comercial que se plantea es desmesurada y puede provocar desequilibrios urbanísticos, territoriales y comerciales, teniendo consecuencias sobre el sistema urbano tradicional o comercio de ciudad y sobre el tráfico rodado", ha dicho.

Por su parte, el portavoz municipal socialista, Miguel Ull, ha manifestado que su grupo está "a favor de que venga Ikea", pero "totalmente en contra del macrocentro comercial que se incluye en la ATE".

"Entendemos que este instrumento debería paralizarse por el grave perjuicio que va a causar al pequeño comercio de la ciudad", ha expuesto Ull, quien ha añadido: "Si de verdad el PP está en contra del macrocentro, que paralice la ATE".

Ull ha indicado que, "por este motivo", se han "abstenido en la propuesta de la presidencia del Consejo Social de constituir tres mesas de trabajo en tanto en cuanto el pleno no decida sobre la paralización de la ATE y se cuente con más tiempo para lograr el consenso de todas las partes sociales afectadas".

"No hay que olvidar que el proyecto de la ATE se presentó a la Generalitat en noviembre de 2013 y que, por lo tanto, ha habido tiempo suficiente para poner en marcha éstas u otras comisiones de trabajo en relación con este tema", según el portavoz socialista.