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Fernando Amat
Jueves, 26 de marzo 2015, 02:04
Las diecisiete comunidades de regantes de la Vega Baja consiguieron ayer no formar parte del Real Decreto de Sequía que elabora el Ministerio de Agricultura. Los agricultores quedaron conformes con esta concesión por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que pretendía restringir a las comunidades de riego tradicional parte de sus derechos en favor de los agricultores que riegan con agua del Trasvase.
La negociación se llevó a cabo en el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela con representación de regantes, miembros de la CHS y responsables de la Conselleria de Agricultura y como anfitrión el juez de aguas, Manuel Larrosa, quien afrontaba su primera cuestión de relevancia al frente de la entidad.
La férrea posición de los agricultores de la comarca del Segura residía en no obtener agua de peor calidad ni con mayores índices de salinidad que la que les coresponde. Por ello, no querían formar parte del decreto que en el que la CHS trabaja, ya que es el organismo competente para informar al Gobierno central de quienes pasan por apuros hídricos.
El ingeniero de Aguas del juzgado oriolano, José Manuel Fernández, explicó la base de argumentación: «La sequía la tienen las tierras que se riegan del trasvase Tajo-Segura no las que se nutren del riego tradicional». Esta petición fue tomada en consideración, por lo que los explotadores agrícolas no tendrán que echar mano ni de pozos de sequía ni de desalinizadoras. Esta medida significaba una de las preocupaciones más prioritarias.
A reglón seguido los regantes mostraron su solidaridad con los compañeros que sufren déficit de aporte hídrico. Por ello se acordó ceder parte del excedente que tienen guardado en el pantano de La Pedrera. En este sentido, todavía quedan flecos por negociar con el Gobierno Central para ver qué porcentaje de agua se va a ceder a los agricultores que solo reciben aportes de agua del Tajo-Segura.
Los regantes de la Vega Baja siempre han destacado que la cesión de agua debía ser «libre y voluntaria», puesto que la buena situación hídrica que ahora mismo atraviesan es coyuntural. En esta línea siempre han querido marcar que no tienen en nada en contra de los labradores de la Cuenca del Segura que riegan con el trasvase, al contrario, y quisieron subrayar que no era una guerra interna.
Para algunas comunidades de regantes el éxito de la negociación residió en la unión de todos las diferentes agrupaciones. Desde que el Ministerio anunciase su intención de redactar el decreto de sequía los afectados se unieron para defender sus derechos, e enviaron una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con la intención de que interviniera en el litigio. Inclusos se escucharon voces favorables a organizar protestas para evitar que los regadíos tradicionales se vieran afectados por las nuevas condiciones del Real Decreto ante la falta de diálogo por parte del Ministerio de Agricultura.
La primera toma de decisiones del actual juez de aguas fue quedar con el presidente de la CHS, Miguel Ángel Ródenas, para abordarla futura normativa. Ahora quedan pendientes establecer las cesiones y por cuánto tiempo. Para ello, se prevén nuevas reuniones de las 17 comunidad de regentes y la CHS.
En cualquier caso los huertanos se declaran optimistas con la idea de no tener que echar mano de los pozos de socorro, como ya hicieran hace unos años. «Hemos tratado de hacer ver que la situación no es deficitaria en toda la Cuenca del Segura», dijo el ingeniero, que añadió que «este tipo de agua perjudica más que beneficia».
Asimismo, desde el Juzgado Privativo de Orihuela se quiso destacar el papel de la Generalitat Valenciana que «se ha implicado y ha defendido los intereses» de los regantes del sur de la provincia, que a cambio de obtener esta licencia deberán aportar parte de sus reservas hídricas. El organismo de regantes prevé no tener problemas de agua hasta finales de año.
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