S. P.
Sábado, 28 de marzo 2015, 01:01
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha comunicado a su vicepresidente, José Císcar y a su portavoz, María José Catalá, que en el caso de que el Tribunal Superior de Justicia les imputase por no facilitar información a EU, quedarían fuera de su línea roja porque no se trata de una querella por corrupción, sino de carácter administrativo.
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Català afirmó que la querella no está «en absoluto dentro de la línea roja» marcada por el president, Alberto Fabra. En esa querella, EU recurrió siete veces una única negación de documentos para alegar reiteración y ocultó al juez que ya tenía la información que había solicitado al Consell. En el Gobierno valenciano consideran que se trata de tretas de EU para forzar la imputación de estos dos pilares del Gobierno valenciano de cara a las elecciones.
El impulsor de la querella, el diputado y cabeza de lista de EU, Ignacio Blanco, dijo ayer que espera que el TSJ les impute y se produzca una sentencia ejemplar.
«Consultado el Consell y el president, entendemos que en absoluto está dentro de la línea roja trazada», reconoció la consellera.
Catalá dijo que tanto ella como Císcar están «muy tranquilos» pues han ejercicio su responsabilidad y han desarrollado «lo que no se ha hecho nunca» porque, dijo, la cantidad de documentación que han entregado a EU «no tiene precedentes».
Dijo que a 15 de marzo de 2015, el Consell había atendido 61.502 iniciativas de control escritas, «más del doble» de las contestadas en la anterior legislatura, de las que 6.000 requerimientos de documentación y 12.000 preguntas correspondieron a ella y Císcar. Además, dijo que las 2.000 solicitudes contestadas a EU, las 488 iniciativas de control parlamentarias escritas atendidas por Císcar a instancias de este grupo y las 1.066 que le han dirigido a ella.
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«Yo misma, en 175 ocasiones, he remitido información a EU», dijo Català, que defendió que en las ocho respuestas con las que este grupo no está de acuerdo y que constan en la querella «hay motivación justificada por parte de la Administración para remitir la información enviada». Se trata de «una maniobra» que responde al refrán «difama que algo queda», reflexionó.
La portavoz el Consell también se refirió a un viaje a Colombia que el diputado del PSPV Víctor Sahuquillo supuestamente cargó a la cuenta de gastos del Ayuntamiento de Alfafar, y la petición de un jugado para que se cite como imputado al alcalde de Vila-real, José Benlloch.
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«Respetamos la acción de la justicia», dijo, pero pidió a los grupos que reclaman ejemplaridad al PP en la acción pública que también tengan «líneas concretas contra la corrupción».
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