La Generalitat vende sus acciones en Piedra Negra a la empresa Cespa

La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, que dirige la castellonense Isabel Bonig, adjudicó ayer a través de la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA (Vaersa) el 51% de sus acciones en la Sociedad de Reciclados y Compostaje Piedra Negra, encargada de la planta de Xixona, a la empresa Cespa por un montante global de 5.223.754,36 euros, según informó ayer la Generalitat Valenciana. El precio es 154 euros y tres céntimos más que el precio de salida de la subasta.

Esta decisión, no por menos esperada, ha generado una gran controversia con las administraciones públicas afectadas por el Plan Zonal. La Diputación de Alicante y los ayuntamientos de los municipios limítrofes habían intentado hasta el último momento que no se hiciera la subasta y que el complejo pasara a gestión pública. Incluso se propuso la expropiación de la planta. Todo con tal de que Cespa no se presentara. De hecho, ha sido la única oferta que ha optado a la subasta.

Todavía queda una posibilidad de impedir la gestión privada de la planta, un recurso a la decisión de la Generalitat. Los servicios jurídicos de la Diputación Provincial ya se pusieron ayer mismo a estudiar qué medidas se pueden tomar. El tiempo corre en contra de los intereses de la institución provincial, porque la próxima semana se procederá a la firma ante notario del contrato de venta de las acciones de Vaersa a Cespa.

Contra todo acto administrativo siempre cabe recurso ante los tribunales de Justicia, solicitando una suspensión cautelar que evitaría que la gestión de la planta de Xixona pasara a manos privadas. Las fuentes consultadas por este periódico no quisieron explayarse para no reventar la estrategia jurídica de la Diputación «en defensa de los intereses generales».

Tampoco aclararon si iban a convocar a los alcaldes afectados por esta venta para consensuar una estrategia común, como ya ocurriera hace un par de semanas en busca de una unidad de actuación contra la privatización de la planta.