Un recurso judicial amenaza con frenar el primer colegio concertado en suelo público

El colegio privado Lope de Vega de Benidorm presentará en los juzgados un recurso ante un juzgado de lo Contencioso-Administrativo contra el pliego de condiciones del concurso que permitiría construir el primer colegio concertado sobre una parcela pública de la Comunitat, que se ubicará en el municipio de Calpe.

Así lo explicaron fuentes del centro educativo, que ya consiguió paralizar el procedimiento durante varios meses tras una apelación por la vía administrativa, que fue desestimada el pasado mes de febrero por la Conselleria de Educación, por lo que se reanudó la licitación. Además, apuntaron que la idea es solicitar la suspensión cautelar del proceso y justificaron su postura en que no se necesita la nueva escuela al existir plazas libres en las localidades de las inmediaciones.

La medida adoptada por el centro podría dejar en vía muerta al único Centro de Iniciativa Social -denominación de estas infraestructuras- que llegaría a adjudicarse antes de que termine la legislatura. De hecho, es la previsión que maneja la Conselleria. El objetivo de este plan, que se dio a conocer en la última etapa de Alejandro Font de Mora, es crear oferta de enseñanza concertada en municipios o zonas donde no existe, cumpliendo con el compromiso electoral del PP de fomentar la libertad de elección de centro por parte de las familias.

La idea del proyecto es que las parcelas, cedidas por los ayuntamientos, se transfieran en régimen de concesión durante 75 años a la empresa que gane el concurso en cuestión, que además de las obras de construcción deberá encargarse de la gestión y abonar un canon anual. Una vez expire el periodo, el terreno volverá a la Generalitat.

En el caso de Calpe, según las actas públicas que dan fe del avance del procedimiento, actualmente se está valorando la propuesta constructiva y el proyecto educativo de la única empresa admitida en la licitación, Colegio Iale SA. Se trata de los criterios más importantes, y es necesario obtener una puntuación mínima para no desechar la oferta y pasar a la última fase, la propuesta económica. Según el pliego, debe ser de al menos 8.497 euros al año.

En cuanto al contencioso, desde el centro señalaron que se van a utilizar los mismos argumentos que con el recurso administrativo. En su momento alegaron que existían plazas libres en Infantil y Primaria en el propio municipio, e incluso que en los cursos anteriores se estaban eliminando unidades.

También se argumentó que la natalidad estaba cayendo -tendencia que se mantiene- y que la nueva infraestructura supondría un gasto innecesario de dinero público que cuantificaron en 2,73 millones de euros en cuanto a equipamiento. No hay que olvidar que los CIS dispondrán automáticamente del concierto educativo, mediante el cual la Generalitat se hace cargo de las nóminas de los docentes y del personal de administración y servicios, además de otros costes como los de funcionamiento.

Numerosos obstáculos

Los CIS han tenido que sortear numerosos obstáculos, desde el rechazo de gran parte de la comunidad educativa de la red pública, que los considera una manera de favorecer la privatización de la educación y de reducir recursos para los de titularidad de la Generalitat, hasta el engorroso procedimiento mediante el cual los ayuntamientos tenían que ceder el suelo a la administración autonómica.

De hecho, sólo dos han llegado a licitarse, pese a que se llegó a hablar de más de una decena, y la previsión era que los primeros abrieran sus puertas para el curso 2013-2014. En la actualidad, el mejor escenario posible es que el de Calpe esté listo en mayo del año que viene, según los plazos de ejecución que marca el pliego, por lo que empezaría a recibir alumnos para el 2016-2017, siempre que no influya el contencioso administrativo.

Además del de Calpe también se impulsó el concurso para levantar otro en Elche, aunque en este caso ha quedado desierto después de que las cuatro ofertas recibidas no llegaran a la última fase, bien por no subsanar deficiencias en los documentos presentados o por no alcanzar la puntuación necesaria en relación al proyecto educativo y constructivo.

A ambos procesos se presentó la empresa Alfedel, que está siendo investigada en el marco de la operación Púnica, una trama de corrupción urbanística que salpica a varios centros concertados promovidos en Madrid a través de la entidad. Eso sí, la oferta era tan débil que no pasó el primer filtro de los concursos al no acreditar su solvencia económica ni profesional para gestionar un centro, uno de los requisitos que se exigían en las convocatorias.