El TSJ aplaza a junio el juicio del 'caso Fitur' y lo saca de la campaña electoral

Y de todas las cuestiones previas, la que logró suspender el juicio por Fitur fue una de las de la Fiscalía Anticorrupción. El Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) decidió ayer la suspensión de la vista por la primera de las piezas separadas de la parte valenciana del caso Gürtel que juzga las presuntas irregularidades en la adjudicación de los stands de la Generalitat para Fitur de 2005 a 2009. Y lo hizo para «garantizar el máximo derecho de defensa de las partes» y después de que la propia Fiscalía propusiera en el primer día de juicio que se incorporaran a la causa nuevos documentos que obran en poder del juzgado central de instrucción número 5, en la Audiencia Nacional desde noviembre y a los que no han podido acceder todas aquellas partes que no están personadas en las piezas madrileñas.

Es el caso de las defensas de las dos exconselleras de Turismo o del resto de funcionarios y cargos de la Administración valenciana que no están imputados en las piezas que se instruyen en el juzgado central. Una documentación a la que, por otra parte, sí han tenido acceso, por ejemplo, los letrados de los cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, que aseguraron en sus escritos de defensa ante el TSJ que había descubierto nuevos documentos que no habían sido incluidos en la pieza valenciana, pero que sí tenían que ver con ella. Se trata de información que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) se había incautado durante uno de los registro de la sede del grupo Correa, en 2009, y que tenía vinculación directa con Fitur. Esa información se publicó en noviembre de 2014 en la plataforma desde la que las partes pueden obtener la información que atañe al sumario. Sin embargo, los acusados valencianos que sólo están en esta pieza y no en ninguna de Gürtel Madrid no disponían de ella. A lo largo de estos meses, distintas partes han presentado escritos para solicitar la incorporación de distintas informaciones a la pieza que hasta ayer juzgaba el TSJ valenciano, con distinto éxito. Pero la Sala de lo Civil y Penal ha ido resolviendo según cada parte, teniendo en cuenta si se requería la información de manera correcta y se adjuntaba, además, el motivo por el que se necesitaba incluir al sumario, según aseguran fuentes jurídicas. La descoordinación ha sido tal que una de las acusadas, la administradora del grupo Correa, Felisa Isabel Jordán, ha acudido al juicio estas dos jornadas con parte de esa documentación impresa, con intención de aportarla.

Y es que el TSJ nunca ha tenido toda la información del caso Gürtel completa ya que la pieza está centralizada en Madrid, en el juzgado de instrucción número cinco, desde donde se ha ido enviando a distintos tribunales en los que las ramificaciones se han ido investigando. El caos entre juzgados ha sido determinante. Pero también el hecho de que el caso Gürtel esté desperdigado por hasta seis comunidades.

El martes la Fiscalía Anticorrupción abrió el melón en su turno de cuestiones previas. La representante del Ministerio Público Ana Cuenca, solicitó al tribunal que se incorporara a la causa la documentación del juzgado central relativa a Fitur a la que ella misma sí tenía acceso por ser fiscal de la Audiencia Nacional. Y entonces el abogado de Francisco Correa suspiró. Y es que una de las estrategias que los letrados de los acusados tenían previsto defender era precisamente esa. Alegar la vulneración del derecho de defensa de las partes por no haber podido contar con pruebas que consideran de descargo. Así, Juan Carlos Navarro, conocido penalista, comenzó su intervención esa misma tarde con una críptica afirmación que acabaría por convertirse en la clave de la suspensión, ayer. «Nos está diciendo el Ministerio Fiscal que cuando presentó su calificación no tenía a su disposición determinados materiales. Las defensas, tampoco. Esta documentación entró con posterioridad a los escritos de defensa».

Y, ayer, el tribunal, formado por la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, y los magistrados Antonio Ferrer y Juan Climent, decidió optar por la cautela y acordar la suspensión de la vista hasta que las partes tengan acceso a toda la documentación, en virtud de garantizar al máximo el derecho de defensa. Eso, antes de que en sentencia el juicio pudiera haberse frustrado. Tanto es así que ahora los acusados valencianos que quieran tener esa documentación deberán personarse en la Audiencia Nacional para poder tener acceso a la plataforma digital para la que son necesarias unas claves de las que sólo disponen las partes en la causa. Con el objetivo cumplido, hasta la propia Milagrosa Martínez agradeció la prórroga al abogado de Correa con un apretón de manos.

El tribunal deja así hasta el próximo 11 de junio de plazo para que las defensas examinen los hasta 9 terabytes que se acumulan de información digitalizada. En ese momento, la sala estima que hay plazo necesario para que las partes examinen los nuevos datos para fijar su estrategia de defensa. Tanto es así que con la reanudación de la vista se deberán repetir de nuevo las cuestiones previas porque la nueva documentación así lo requerirá. De hecho, el juicio se reanudará el mismo día en que se constituya el nuevo Parlamento valenciano, pasadas las elecciones autonómicas y municipales.

Esa es, precisamente, otra de las consecuencias que tendrá la suspensión del proceso. Y es que las dos exconselleras de Turismo que se sientan en el banquillo tenían que haber prestado declaración coincidiendo con los quince días de campaña electoral. Ahora, el caso Gürtel sale del foco político y no estará en activo durante las elecciones.