La Policía descarta ahora un delito de blanqueo en la macrocausa del oro

150 imputados, 8o detenidos en la Comunitat, decenas de registros en empresas y domicilios de toda España, millones de euros bloqueados... Y numerosas pequeñas empresas que se vieron obligadas a echar el cierre. Todo estas acciones y las inevitables consecuencias estaban dirigidas a la desarticulación de un entramado de sociedades dedicadas al blanqueo de capitales a través de la comercialización fraudulenta de oro, plata y metales preciosos, tal y como en su día informó la Policía Nacional.

Sin embargo, un año después de los registros sumado a los dos anteriores en los que la investigación permaneció secreta, los agentes no disponen de indicios de que realmente se cometiera un blanqueo de capitales. La sorpresiva revelación consta en un informe policial remitido al juzgado de Instrucción número 12.

La titular del órgano, que mantiene la instrucción de la causa después de que la Audiencia Nacional rechazara asumir la investigación, preguntó recientemente a la Policía por el estado de las investigaciones y el retraso a la hora de presentar el informe sobre la operación. Los agentes, en la respuesta a la que ha tenido acceso este periódico, justifican la demora en el hecho de que no pidieron la documentación necesaria hasta que se realizaron las entradas y registros para no levantar sospechas. Y esta información llega con cuentagotas. En ocasiones, según explicaron, es necesario volver a contactar con las instituciones.

Este es uno de los motivos. Sin embargo, hay otro argumento de mayor enjundia para la causa. Explican desde la Unidad de Blanqueo que la investigación de este tipo de delitos implica el examen conjunto de toda la documentación para no trasladar al juzgado una información sesgada que pudiera causar un grave perjuicio «tanto a los investigados como a la autoridad judicial», indicaron. Algunos datos podrían ser susceptibles de inclinar la balanza hacia la comisión del ilícito, pero una vez cotejados con la documentación podrían ratificarse o, por el contrario, perder fuerza como prueba.

Así, por ejemplo, ponen como ejemplo el caso de Oro Direct, la empresa a la que los investigadores situaban en la cúpula de la presunta trama. Según las pesquisas realizadas hasta el momento en la sociedad, los investigadores han comprobado que recibió 3.000 millones de euros en un periodo de cuatro años a través de proveedores, líneas de crédito y traspasos entre diferentes cuentas. Este dato, despojado del contexto, «por su cuantía y operativa» podría ser un indicio de blanqueo de capitales. Sin embargo, el informe precisa que del «estudio y análisis exhaustivo realizado hasta el momento no se puede informar en este sentido al tener justificación para las cuantías y movimientos analizados».

El juzgado también recibió hace algo más de un mes otra respuesta de la Agencia Tributaria. Hay que recordar que la causa también se abrió por delito fiscal. También Hacienda justifica su tardanza y lejos de adelantar que terminará su informe en breve, informa de que sólo «ha procesado» el 50% de toda la información requisada. Además, para ilustrar acerca del volumen de documentación precisa que todo el material informático equivale a la biblioteca del Congreso de EE UU.

El contenido del informe policial ha llevado a algunos de los imputados en la causa -alrededor de 150 personas- a mover ficha. Este es el caso de los responsables de una empresa investigada, representada por los letrados Cristóbal Fernández y Sonia García, que han solicitado el levantamiento de las medidas cautelares y el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra sus clientes.

La investigación policial reveló un supuesto entramado dedicado a la compra de oro que se hacían con dinero en efectivo y facturas falsas -sumaban hasta 1.000 millones al año- para eludir el pago de impuestos. De esta forma, según los agentes, se blanqueaban beneficios procedentes del narcotráfico, fraudes inmobiliarios, estafas masivas como las cartas nigerianas y del comercio del oro.