El juez del acoso al asesor de Císcar rechaza que declare el vicepresidente

El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia «ha desestimado por reiterativas las peticiones de declaraciones como testigo» de José Císcar y de su jefa de Gabinete en la investigación sobre el interrogatorio al que Rafael Piqueras, exjefe de escoltas del presidente del Consell, Alberto Fabra, sometió a un asesor de su vicepresidente, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El juez del caso, a través de una providencia, «ha comunicado a las partes que las diligencias necesarias ya se han practicado en su totalidad». Hasta ahora se ha escuchado el testimonio de cuatro personas, dos de ellas ajenas a la administración, así como un agente policial y un trabajador del gabinete de vicepresidencia.

Las mismas fuentes señalan que el responsable de la instrucción da un plazo tanto al abogado de Rafael Piqueras, exjefe de escoltas de Fabra, como a Juan Botella, asesor de Císcar, para que se pronuncien sobre el destino que debe tener la causa y para que contesten también a la petición de archivo planteada por el denunciado, el funcionario policial.

De este modo, el componente político del caso queda prácticamente desactivado al desestimar el juez del caso de hacerse una pregunta que ha recorrido tanto los pasillos de la Administración autonómica como los de Les Corts. ¿Actuó Piqueras por iniciativa propia o fue instado por alguien?

El exjefe de escoltas estaba en aquel momento al servicio de Presidencia de la Generalitat. No obstante, ninguna de las partes, ni el propio responsable de la instrucción, solicitó la comparecencia de Esther Pastor, secretaria autonómica de Organización, y que aparece en el acta notarial que realiza Botella tras el interrogatorio al que fue sometido. En dicho documento ante notario el asesor de Císcar asegura que Piqueras la menciona durante ese polémico encuentro que la fiscalía determinó que podría ser considerado un hecho constitutivo de un delito contra la integridad moral o un delito de coacciones.

Desde el primer momento, el presidente Alberto Fabra negó que el policía recibiera órdenes de algún responsable del Palau para dar con el supuesto topo.