Bernat Sirvent
Viernes, 10 de abril 2015, 00:50
Los promotores inmobiliarios de la provincia quieren aprovechar cualquier ocasión para seguir aliviando los 'stocks' de casas nuevas o de segunda mano (en este caso, con más de dos años desde que el Ayuntamiento correspondiente expidió el certificado de habitabilidad). Ayer, la patronal Provia trasladó directamente, en Madrid, al subdirector general de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones, José Antonio Zamora, la necesidad de modificar la vigente Ley 14/2013 de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, que ya supone incentivos para los inversores en vivienda extracomunitarios, pero que son insuficientes.
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Como ya adelantó el sector hace unos días al subdelegado del Gobierno, Alberto Martínez, por boca de su secretario Jesualdo Ros y los dirigentes de las compañías TM Grupo Inmobiliario, Pablo Serna; de VAPF, Pedro Olivares; y de Euromarina, Antonio Quesada, la petición de ayer se inscribe en la necesidad de flexibilizar los visados especiales de residencia para extranjeros no comunitarios con el fin de que obtengan un permiso especial de seis meses desde que firman con el promotor el contrato de arras o la señal para la compraventa. Ayer, la delegación la componían Ros, Olivares y Quesada, a los que acompañó el senador por Alicante Julio de España, el cual «se está preocupando mucho por todos los temas que nos afectan», añade Ros. Como quiera que por tramitación parlamentaria ya no da tiempo, la idea es que la Ley 14/2013 de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización introduzca «pequeñas modificaciones». El alto cargo ministerial trasladó a la delegación alicantina la posibilidad de que el Consejo de Ministros, que tiene encima de la mesa un exhaustivo informe, apruebe hoy mismo esas reformas.
Renovar cada cinco años
La idea es que los denominados «mercados objetivos» de China y Rusia «no desconfíen en la inversión y haya total transparencia». Para ello, además del visado de seis meses a la firma del contrato de arras para facilitar las gestiones iniciales, la reforma introduce la primera renovación del visado para dos años, tiempo a partir del cual la renovación será para cinco en el caso de los inversores rusos y chinos.
Los promotores y constructores están convencidos de que se están desperdiciando operaciones en estos momentos por esa falta de flexibilidad. «Ahora el visado es pequeñito y no permite al inversor realizar todos los trámites que lleva aparejada la compraventa de su vivienda en España», añade Ros. «También se están perdiendo ventas a extranjeros en estos casos», añade el secretario de Provia. La patronal está preocupada también con la pérdida «real» de operaciones de venta debido al polémico visado militar para zonas costeas francas y de seguridad estratégica como Torrevieja, Orihuela y San Miguel de Salinas. El grupo parlamentario del PP en el Senado, a propuesta del parlamentario alicantino Miguel Campoy, ya aprobó una moción en esta línea el pasado mes de junio, pero la lentitud en tramitar dicho visado, que lo expide la delegación del Ministerio de Defensa en Barcelona a todos los ciudadanos extracomunitarios (rusos, fundamentalmente), está desbaratando ventas desde hace más de dos años. Se da la circunstancia de que, en no pocos casos, cuando llega el visado militar de marras al inversor extracomunitario, que a su vez tiene que realizar la inscripción del documento ante el Registro e la Propiedad de Torrevieja, ya no hace falta. La ley que delimita las zonas militares de costas y fronteras es del año 1975 y todo el sector la considera «vetusta», así como los notarios de la Vega, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y el presidente del Patronato de Turismo, Joaquín Albaladejo.
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