Inhabilitan 4 meses a un policía que ayudó a una red de narcos

Los cinco miembros de una red dedicada al tráfico de drogas reconocieron ayer los hechos en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Alicante. Entre los enjuiciados se encuentra un agente del Cuerpo Nacional de Policía en segunda actividad de 58 años, acusado de ayudar a la banda a que los investigadores no acudiesen a los dos pisos desde donde vendían todo tipo de sustancias ilegales.

El policía no podrá ejercer como empleado público durante cuatro meses, ya que es la pena que se le ha impuesto después de que el juez considerara como atenuantes que el agente admitiera su adicción a las drogas y que hubo «dilaciones indebidas» en las pesquisas.

Los acusados, dos de ellos con antecedentes penales, reconocieron haber traficado con drogas al menos desde agosto de 2011 a noviembre de ese mismo año, tal y como sostenía el Ministerio Público. Por ello, el tribunal de la Sección Tercera les ha impuesto penas que van desde los dos años y cuatro meses de prisión para los procesados con antecedentes a un año y ocho meses para los otros dos traficantes.

Los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de Alcoy iniciaron las pesquisas al comprobar que numerosas personas circulaban por los domicilios investigados. Allí, los presuntos clientes salían con envoltorios de papel de aluminio a cambio de dinero. Una vez se intervinieron los teléfonos de los sospechosos se confirmaron las primeras sospechas, los que llevaron a desplegar un operativo policial para arrestar a los supuestos narcotraficantes, tal y como recoge el escrito provisional de acusaciones del fiscal.

En los registros domiciliarios, los policías se incautaron de una buena cantidad de cocaína, hachís, marihuana y potentes medicamentos listos para vender al menudeo. Además, los investigadores hallaron navajas, catanas, joyas y dinero en metálico. Mientras se produjo la intervención policial, los delincuentes trataron en vano de deshacerse de la droga incluso lanzándola por la ventana.

Al agente se le imputaba en principio un delito contra la salud pública por dar pistas falsas a sus compañeros para que no investigasen a la red. Sin embargo, se le ha impuesto la pena de inhabilitación por omisión del deber de impedir delitos.