Eva María Lahoz
Sábado, 18 de abril 2015, 01:13
La instalación de un macrocentro comercial en Rabasa y varias tiendas de gran tamaño, incluida una de Ikea, volverá a ser objeto de debate plenario este mes. El grupo municipal de EU llevará una moción en la que propone acabar con esta polémica Actuación Territorial Estratégica (ATE) promovida por Alicante Avanza por la vía rápida.
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La modificación.
Se aprobó en 2010 y hace referencia al artículo 95 del PGOU sobre las ubicaciones permitidas de las distintas superficies comerciales.
El caso judicial.
Investiga esta aprobación por haberse producido cuando el Plan Rabasa estaba suspendido ya por los tribunales.
Efecto sobre la ATE.
Si se revierte la modificación la ATE no podría implantarse en Rabasa.
En ella pide al equipo de gobierno que inicie los trámites para dejar sin efecto la modificación puntual del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Alicante mediante la que se permitió la instalación de grandes superficies comerciales en este sector. Una posibilidad que antes estaba vetada.
La vía para anular esta modificación puntual sería la aprobación de otra que devolviese el PGOU a su estado original. Ello impediría la instalación de la macrosuperficie comercial que se prevé ubicar en Rabasa, lo que dejaría sin cobertura legal la ATE.
Desde EU explican que la versión preliminar del plan de la ATE contempla un centro comercial que tiene encaje en el planeamiento municipal gracias a esta modificación puntual, que estiman que se aprobó «a la carta» para posibilitar la instalación de Ikea y su centro comercial vinculado en el sector, en el marco de la tramitación del fallido plan Rabasa, precursor de la ATE.
La modificación puntual número 31 del Plan General de Alicante fue definitivamente aprobada por la Generalitat Valenciana mediante resolución de fecha 24 de octubre de 2013, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante hace poco más de un año, el 14 de marzo de 2014. Previamente fue objeto de aprobación provisional municipal mediante acuerdo del pleno del Ayuntamiento de fecha 30 de julio de 2010.
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Esta modificación hace referencia en concreto al artículo 95 del PGOU, que es el que regula los usos comerciales y sus emplazamientos, para permitir que Ikea y su complejo se estableciesen en la zona de Rabasa, en el marco del plan. En el mismo pleno se aprobó un convenio entre el Ayuntamiento, Ikea y la mercantil urbanizadora del Plan Parcial de Rabasa, Viviendas Sociales del Mediterráneo SL, para regular las condiciones de la implantación del centro comercial promovido por la multinacional sueca.
La tramitación municipal de dicha modificación puntual y del convenio está siendo objeto de investigación en el marco de la pieza del caso Brugal del presunto amaño del Plan Rabasa y de la llegada de una gran superficie comercial con tienda de Ikea a terrenos del ámbito de dicho plan, dado que ambos acuerdos plenarios se produjeron en un momento en el que éste estaba ya suspendido por los tribunales.
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«El plan, tras anularse en primera instancia en los tribunales autonómicos, ha dado paso a la ATE promovida por la mercantil Alicante Avanza, participada igualmente por el presunto corruptor del caso Brugal y promotor del Plan Rabasa, el empresario Enrique Ortiz», resaltan desde EU.
El grupo señala que la aprobación de la modificación puntual número 31 «no tuvo otro objeto que facilitar la llegada de esa gran superficie comercial a terrenos del Plan Rabasa hoy incluidos en el ámbito de la ATE de Alicante Avanza». Y añade que esta superficie comercial está siendo cuestionada «por cada vez más colectivos sociales por su negativo impacto sobre el tejido comercial tradicional de la ciudad y su área metropolitana». Su carácter de actuación estratégica, recuerdan, es incluso cuestionado por la Cámara de Comercio de Alicante, que la califica más bien como una simple transformación urbanística que no debería quedar amparada por una ATE.
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Por ello proponen revertir dicha modificación puntual de modo que el centro comercial propuesto por la mercantil Alicante Avanza sea inviable por incompatible con el planeamiento municipal.
Además reclaman que se inste a la Generalitat a suspender de inmediato la tramitación de la ATE mientras se tramita la nueva modificación del PGOU.
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