El edificio ilegal por el que se investiga a García-Romeu, listo para abrir como bazar

La pelea legal que los vecinos del edificio Don Juan, ubicado entre las calles Países Escandinavos y la avenida Costa Blanca de la playa de San Juan, mantienen desde hace años para conseguir el derribo de unas obras declaradas ilegales frente a sus viviendas no parece afectar en lo más mínimo a los promotores de las mismas. Así, según han recogido los vecinos en una serie fotográfica, no solo han terminado de levantar un edificio comercial, sino que han comenzado a hacer el acopio de productos para abrir allí un bazar.

Ello pese a que el TSJ declaró las obras ilegales y a que están pendientes de resolución judicial un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento por no ejecutar subsidiariamente el derribo y una querella contra la concejal de Urbanismo, Marta García-Romeu y un técnico municipal por posible prevaricación regularizar con un decreto la planta baja del mismo aunque existía una sentencia que exigía la demolición.

Según han podido comprobar los vecinos, «los promotores han alquilado o vendido la nave a algún empresario chino, que ha empezado a colocar ya dentro su género para la venta». Desde sus ventanas, los residentes del Don Juan ven como continúan los trabajos en la planta superior y se equipa la inferior y temen que la inactividad que hasta ahora ha demostrado el Ayuntamiento haga que lleguen a abrir sus puertas impunemente. «Aún no existe licencia de apertura, ni proyecto técnico presentado, ya que el inicial fue presentado en 2003 no para un bazar chino, sino para un supermercado y está totalmente desfasado», señalan.

En lucha desde 2006

Existe una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de 2012 que la declaraba ilegal y exigía su derribo. Los vecinos llevan desde el año 2006 pleiteando con el promotor y reclamando al Ayuntamiento que se ejecute la demolición, un extremo que el propio Consistorio decretó pero que no se ha realizado.

El edificio objeto de polémica es anexo a Don Juan y en 2004 un promotor obtuvo licencia municipal para reformar la discoteca que allí existía y reconvertirla en un supermercado. Sin embargo, no se limitó a remodelar lo existente, sino que lo derribó e inició obra nueva y aumentó la altura, por lo que técnicos municipales certificaron en una visita de inspección que la obra en ejecución «no se ajusta a la licencia concedida», en informes de febrero y abril de 2006.

Informes que llevan al Ayuntamiento a emitir cuatro decretos contrarios a la obra, denegar al promotor cualquier licencia para subsanarla y paralizarla. Tras estos decretos, el promotor acudió a los tribunales y, primero el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante y después el TSJCV desestimaron sus pretensiones y confirmaron la ilegalidad de su actuación.

El arquitecto municipal firmó un informe en febrero de 2013 en el que declara la «imposibilidad de legalización» de las obras, no solo porque se había actuado sin licencia, sino porque, además, con la planta de más se superaba la edificabilidad del sector. «No existe opción a su reconstrucción, las obras realizadas sin licencia deberán ser demolidas en su totalidad», señalaba el arquitecto en este informe.

Y el técnico superior de Disciplina Urbanística, emitió una propuesta de restauración de la legalidad urbanística el 14 de febrero de 2013.

El promotor intentó eludir la demolición por diversos cauces, en peticiones al Ayuntamiento que le fueron denegadas y, mientras se resolvían, el 24 de mayo de 2013 reiniciaba las obras, las finalizaba y las aumentaba en una altura más.

Por vía administrativa, los vecinos pidieron la paralización de las obras, pero se les denegó, algo que recurrieron. Además, presentaron diversas quejas en el Ayuntamiento.

Legalización y demandas

Entonces éste emitió varios decretos que dejaron perplejos a los vecinos, dado que con ellos borraba todo el proceso anterior, daba por buenas las obras ejecutadas y pedía solo que se eliminase la segunda planta.

Ante esta situación, y tras varias quejas, en mayo de 2014 los vecinos registraron la demanda por «inactividad de la administración» a la que, a su juicio, corresponde ordenar la demolición. Además, a finales de año presentaban también una querella contra García-Romeu y el jefe de servicio de Control Urbanístico y Ambiental del consistorio por un presunto delito de prevaricación urbanística por no cumplir con la sentencia del TSJ y por legalizar en un decreto municipal parte de las obras que el tribunal había declarado ilegales. Querella que fue admitida a trámite y está en fase de investigación y recopilación de la documentación pertinente. Al respecto, el vecino demandante se queja de que «se han producido retrasos en la aportación de la documentación requerida».

Desde entonces, el Consistorio ha emitido varios decretos con los que interpone multas a los promotores por no demoler la estructura construida sobre la planta baja que hasta el momento es la única que reconoce el Ayuntamiento como ilegal. Pero éstos han hecho caso omiso a los requerimientos por el momento.