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Luis Candela
Martes, 21 de abril 2015, 01:55
El empeño de la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo no ha movido un ápice la decisión del juez instructor de la pieza del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, desgajada del 'caso Brugal', quien ha decidido dejar a un lado las reuniones que al parecer mantuvo el empresario Enrique Ortiz con miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
Así se lo ha hecho saber Manrique Tejada a la representación letrada de la exregidora y exdiputada en Les Corts, imputada por presunta revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho, tras desestimar el último recurso presentado por sus abogados.
La defensa de Castedo recurrió la determinación del titular del Juzgado de Instrucción 5 de la capital alicantina de no indagar en los encuentros del promotor presuntamente beneficiado con un buen trozo del suelo de la ciudad en su reestructuración. Un pastel que, según ha ido revelando la investigación, parecía repartido de antemano.
A tenor del interés que los letrados de la exalcaldesa han mostrado por que se indague en este asunto, el instructor del caso se pregunta por qué no han pedido la declaración del industrial imputado para que las acusaciones y las demás defensas puedan preguntarle al respecto. Asimismo, Tejada tilda de «temerarias» algunas de las afirmaciones del recurso.
Los abogados de Castedo sostienen que «tras siete años de investigación, intentar confesiones solo puede ser manifestación de carencia de elementos suficientes para sostener lo que se imputa». Estas manifestaciones hacen alusión a un posible intento de la Policía por pactar un acuerdo. Sin embargo, recuerda el juez que «fue el señor Ortiz el que acudió» a los agentes de la UDEF, algo que no se alega, como tampoco «el gravamen que supondría para su patrocinada» los citados contactos entre el imputado y los agentes.
Tejada mantiene que ningún precepto impide a la Policía Judicial recibir nueva información en el desarrollo de la investigación de un caso como en el de presunta corrupción que se mantiene vivo en el Palacio de Justicia de Alicante. Finaliza el juez sus razonamientos para rechazar el escrito de Castedo, que puede recurrir a la Audiencia, asegurando que no se ha acordado la limitación de ningún derecho de Enrique Ortiz, entre los que se encuentra «el de la libre deambulación y el de reunirse con quien estime oportuno».
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