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Eva María Lahoz
Jueves, 23 de abril 2015, 01:59
El Ayuntamiento de Alicante ha tomado cartas en el asunto para evitar que el establecimiento comercial ubicado junto a edificio Don Juan, cuya licencia de obra está siendo investigada por la vía administrativa y penal, pueda abrir sus puertas, de momento, como bazar chino.
El lunes este diario publicó las fotos que demostraban que se estaba equipando el local como bazar chino, pese a no tener la correspondiente licencia de apertura y estar en tela de juicio la de obra. El mismo día, el alcalde, Miguel Valor, emitía un decreto en el que instaba al desalojo del género acumulado dentro del bazar, por motivos de seguridad y por no disponer el local de la preceptiva licencia de apertura como bazar.
El martes se producía un pequeño incendio en el patio, donde tenían acumuladas varias cajas y ayer se personaba en el local la policía vinculada a Urbanismo para comprobar que se estaba desalojando, tal y como establecía el decreto. Pudieron comprobar in situ, según consta en la diligencia redactada, que en efecto se estaban llevando todo el material
La concejal de Urbanismo, Marta García-Romeu, explicó ayer que el realizarán inspecciones periódicas para comprobar que no vuelven a llevar el género y que no permitirá la apertura del bazar hasta que no tenga todas las licencias en regla.
Se da la circunstancia de que, a pesar de que hay un proceso contencioso-administrativo y uno penal abiertos por los vecinos del edificio Don Juan contra la obra, los promotores podrían pedir la licencia de apertura y concedérseles, siempre que derriben primero la estructura construida encima del piso principal.
Los vecinos han interpuesto el contencioso contra el Ayuntamiento y la querella contra García-Romeu y un técnico municipal, por legalizar la primera planta, que consideran ilegal en virtud de una sentencia de 2012 del TSJ al respecto.
Al respecto, la edil señala que los vecinos intentaron desistir del contencioso «porque saben que si lo pierden se les acaba la querella y prefieren seguir con ella», pero el Ayuntamiento y los promotores se han opuesto al desistimiento, por lo que sigue en pie. Asegura que su intención y la del área que dirige es «colaborar en los posible con la justicia y esperar a que el juez dictamine. Si dice que hay que demoler, así lo haremos».
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