Castedo manda a la Fiscalía General las reuniones de Ortiz

El fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa, ha remitido a la Fiscalía General del Estado un escrito en el que los abogados de la exalcaldesa Sonia Castedo piden que esta institución se pronuncie sobre la legalidad de las reuniones entre Enrique Ortiz con policías inmersos en la investigación del 'caso Brugal'. De hecho, sobre esta cuestión ya se pronunció recientemente el instructor de la pieza separada por los supuestos amaños del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital alicantina a favor del empresario imputado, rechazando la petición de la defensa de Castedo de indagar sobre esta cuestión.

Según fuentes del ministerio público, su máximo responsable en la provincia se ha limitado a dar traslado del documento a la fiscal general, Consuelo Madrigal, a la que va dirigida la petición, sin entrar en el fondo del asunto.

Tanto Castedo como Ortiz están imputados en las dos piezas separadas del 'caso Brugal', la relativa a la tramitación del Plan General, que investiga el Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad, y la que se centra en el plan urbanístico previsto en el barrio de Rabasa, que tramita el Juzgado de Instrucción 6 del Palacio de Justicia de Alicante.

El titular del primer órgano judicial, Manrique Tejada, rechazó el pasado lunes un recurso de los letrados de Castedo en el que le reclamaban que reconsiderase su negativa a investigar los encuentros de Ortiz con agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef).

Tejada considera que no existe precepto legal alguno que impida a la Policía completar la investigación «con nuevas indagaciones derivadas de las anteriores o exnovo, y, en caso de ser positivas, comunicarlas al juez instructor para su incorporación a la causa».

También advierte de que el promotor encausado no tiene limitados sus derechos a deambular libremente y reunirse con quien considere oportuno. La decisión de este magistrado se contrapone con la adoptada sobre el mismo asunto por Juan Carlos Cerón, antiguo titular del juzgado de Instrucción 6 de Alicante, que sí ordenó a la Policía que le aportara los detalles y el objeto de las reuniones con el empresario, decisión que ha sido recurrida por el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.

Sostiene la Fiscalía que los encuentros entre el empresario imputado y los investigadores tienen plena cobertura legal y únicamente si depararan alguna novedad a la investigación, su resultado tendría que incorporarse al sumario.

Sin embargo, los letrados de la exalcaldesa de Alicante discrepan de esta opinión y han optado ahora por reclamar la opinión de la fiscal general del Estado sobre la legalidad de las reuniones entre sospechosos y policías en la fase de instrucción a través de la Fiscalía Provincial, desde donde se ha elevado el escrito.