Llorens defiende la legalidad de la contrata del cementerio

El vicealcalde y concejal de Atención Urbana de Alicante, Andrés Llorens (PP), defendió ayer que la adjudicación de la contrata de limpieza y mantenimiento del cementerio municipal, que investiga un juzgado, se desarrolló con «transparencia» y con «total normalidad». Llorens se refirió a este asunto a los periodistas minutos antes de entrar al juzgado de Instrucción número 1 de Alicante, a donde había sido citado para declarar como testigo en relación a la contrata a favor del empresario Enrique Ortiz.

La comparecencia del vicealcalde se produce a petición de uno de los dos funcionarios municipales imputados y ha acudido al juzgado «muy tranquilo» y con el ánimo de «aportar todo lo que pueda en aras a colaborar con la Justicia».

Indicó que las decisiones se tomaron en base al informe primero preceptivo sobre la adjudicación y ha añadido que, a raíz de la denuncia de otra de las empresas concurrente, solicitó otro más «para todavía estar más tranquilo» en el sentido de que «se había obrado de acuerdo a Derecho, con legalidad, transparencia y total normalidad».

«Creo que se actuó bien, y vamos a contestar a lo que se pregunte para colaborar con Justicia», prosiguió antes de ser preguntado por la relación de uno de los funcionarios con la empresa beneficiada, sobre lo que ha comentado que se enteró de esa situación cuando se publicó en los medios de comunicación.

La comparecencia del concejal, a petición del otro trabajador público imputado, Diego Agulló, cuya defensa ejerce el letrado Miguel Ángel Monserrat, es una de las últimas diligencias que quedan por practicar antes de que se decrete la apertura de juicio oral.

En la causa están procesados dos técnicos del ayuntamiento por un delito de prevaricación, al haber indicios de que pudieron favorecer al promotor en este concurso. Son el que fuera jefe de servicio de la concejalía que dirige Llorens , Víctor López, ya jubilado, y Diego Agulló, mientras que el titular del juzgado, Santiago Hoyos, exculpó en su día a un tercer técnico municipal al entender que su actuación en la tramitación del expediente no era constitutiva de infracción penal alguna. No obstante, la defensa de Agulló tiene previsto pedir el sobreseimiento de la causa para él antes de un posible procesamiento. La investigación se inició en 2010 a raíz de la querella interpuesta por la mercantil Multiservicios Tritón SL, otra de las aspirantes a hacerse con la contrata, por un supuesto trato de favor a Ortiz.

El servicio de limpieza y mantenimiento del camposanto municipal fue adjudicado a Enrique Ortiz e Hijos SL. por 774.801 euros sin IVA, mientras que la oferta de la querellante era de 723.083 euros. Un informe pericial aportado en la causa refleja que los técnicos aplicaron diferentes criterios para valorar las ofertas presentadas por una y otra mercantil.

El que fuera jefe de servicio de Atención Urbana dirigió las prescripciones del concurso como máximo responsable del área y la investigación ha demostrado que dos de sus hijos tienen o tuvieron en algún momento una vinculación laboral con otra de las sociedades de Ortiz, Inusa, que se encarga de la limpieza viaria y recogida de residuos en Alicante. Víctor López se encuentra encausado en otros dos procesos penales al margen de éste, uno de ellos se centra en la adjudicación del contrato para el montaje de escenarios e infraestructuras para fiestas y eventos a la mercantil Isjoma SL., y por las obras de reforma de la Plaza Magallanes.