La Cámara estudia si paga las multas del Banco de España a dos consejeros de la SGR

La Cámara de Comercio de Alicante analizó anoche, en el turno de ruegos y preguntas, si existe alguna póliza de seguros que pueda cubrir las fuertes sanciones económicas impuestas por el Banco de España a dos consejeros en su representación, Andrés Sevila, el actual secretario cameral, y el empresario Vicente Pérez Farach, para quienes el órgano supervisor reclama una sanción económica administrativa de 85.000 y 75.000 euros, respectivamente.

El Pleno de la entidad no tenía previsto ayer más que dar cuenta del informe del ATE de Ikea, ya conocido, y algunos puntos más sin aparente relevancia. Sin embargo, en el turno último de ruegos y preguntas varios de los vocales del Pleno sacaron a colación el espinoso y polémico asunto de las multas por la quiebra y posterior rescate millonario de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana.

Así, además de analizar si existe en la actualidad algún tipo de seguro que cubra esa contingencia, la cúpula directiva del Pleno que preside el turronero José Enrique Garrigós también dé cuenta de otras dos posibilidades: la primera de ella es si la propia entidad podría asumir íntegramente el coste de las dos sanciones, que roza los 200.000 euros, contra los fondos propios de la propia entidad. Una tercera alternativa que se estudiará en las próximas semanas y que tendrá que ser debatido tanto en el comité ejecutivo como en un futuro Pleno (máximo órgano de gobierno de la Cámara) pasa por contratar un seguro que pueda cubrir esta responsabilidad civil a futuro en todos los miembros que sean elegido por el organismo cameral para representar en diversos estamentos o instituciones.

El Banco de España propuso hace unos días sanciones de hasta 85.000 euros a exvocales alicantinos de la SGR de la Comunitat por haber incumplido la entidad las ratios mínimas de solvencia durante más de seis meses del año 2011. Los exvocales de la provincia con la propuesta de multa más elevada son el representante en su día de la patronal Coepa, de la que fue secretario general y actual secretario de la Cierval, Javier López Mora, y el actual secretario de la Cámara de Comercio de Alicante, Andrés Sevila. El Banco de España le pide 85.000 euros a cada uno. Antonio Alonso Miravete, también por Coepa, se enfrenta a 75.000 euros, al igual que Vicente Pérez Farach, por la Cámara de Alicante, y Andrés Martínez Espinosa, presidente de la Junta Central de Regantes. Para Agustín Llorca, exdirector de CAM en Alicante, se piden 60.000.

La petición de sanciones es proporcional al tiempo de servicio como vocal, según fuentes consultadas por este diario. No han sido multados, por estar menos de seis meses y no incurrir en esta supuesta falta de celo profesional, los vocales Jesús Navarro, Santiago de Santos (actual director), Fernando Díaz Requena (Servef), Juan Maldonado, Cristóbal Navarro (Cepyme Alicante), Joaquín Farnós y Adolfo Porcar.

La SGR no dispone de póliza que cubra esas contingencias durante el período sancionado. Como ya informó hace unos meses este diario, ninguna compañía aseguradora quiso asumir la póliza ante posibles responsabilidades de tipo civil de sus propios consejeros, cuando la insolvencia de la entidad ya era un hecho y se estaba a la espera de la inyección tanto del Consell como de la autorización por parte de las autoridades de Bruselas hacia este rescate.