Hernández Mateo será juzgado por presunto delito contra los derechos cívicos

El exalcalde de Torrevieja y exdiputado autonómico del PP, Pedro Hernández Mateo, será juzgado por un presunto delito contra los "derechos cívicos", después de que la Audiencia Provincial haya desestimado el último recurso de su defensa contra el inicio del juicio oral por la causa de la suspensión de plenos ordinarios.

El portavoz de Los Verdes, José Manuel Dolón, ha explicado que el representante legal del exregidor ha presentado en este tiempo tres recursos de apelación, siendo el último "irrecurrible" y abocando a la celebración del juicio oral dictado en 2013 por la sección séptima de la Audiencia Provincial al considerar que "sí había delito".

Los Verdes presentaron en 2007 ante el juzgado de Instrucción número 4 de Torrevieja una denuncia por "prevaricación y vulneración de los derechos cívicos" contra la decisión de Hernández Mateo de "no celebrar, durante la legislatura 2003-2007, más de una docena de plenos ordinarios alegando, entre otros, que no había temas a tratar".

No obstante, y siguiendo la Ley de Bases de Régimen Local, Dolón ha expuesto que en los municipios de más de 20.000 habitantes, la celebración de las sesiones ordinarias "son obligatorias, fijando un día y una hora todos los meses, salvo causa de fuerza mayor".

También ha vaticinado que este juicio oral puede celebrarse antes del verano y que, en caso de ser condenado por un delito contra los "derechos cívicos" -la Audiencia estima que no hay prevaricación dado que "no lo hizo a sabiendas"-, cuya pena se traduce en inhabilitación para cargo público, "no tendrá reducción de la condena actual porque es reincidente".

El que fuera alcalde de Torrevieja permanece desde julio del pasado año en la prisión de Campos del Río (Murcia) cumpliendo la condena impuesta de tres años de prisión, y siete de inhabilitación, por prevaricación y falsedad documental en la adjudicación del servicio municipal de recogida de basura en 2004, cuyo importe ascendía a 97,8 millones de euros.

La sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) recoge que el entonces alcalde manipuló el proceso de adjudicación, mediante un complejo sistema, para conseguir un solo objetivo: adjudicar el contrato a la UTE "Necso Entrecanales-Grupo Generala Servicios".

"Cuando hay corrupción siempre hay una vulneración de los derechos fundamentales", ha dicho Dolón, quien ha avanzado que ha solicitado "más de 10 testigos".