El juez Gómez Bermúdez procesa a toda la excúpula de la CAM por alterar las cuentas

El saqueo «organizado» de las arcas de la extinta Caja del Mediterráneo (CAM), que tuvo que ser rescatada en 2011 con 5.249 millones de euros de dinero público, sentará en el banquillo a ocho ex altos cargos de la entidad financiera con su expresidente, Modesto Crespo, a la cabeza. El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha iniciado ya los trámites, al convertir ayer lunes las diligencias previas iniciadas a finales de ese año en un procedimiento abreviado.

Tras tres años y medio de investigación, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 considera que existen «indicios acreditados de infracción penal», que constituirían hasta tres delitos: falseamiento de cuentas anuales «u otros documentos que deban reflejar la situación de la sociedad», apropiación indebida o bien administración desleal, y falsedad documental. Esas presuntas maniobras favorecieron el cobro en retribuciones indebidas de 47,3 millones de euros.

Asimismo, estima que «concurren indicios racionales de criminalidad» sobre su autoría por ocho exdirectivos de la CAM. Y, por encima de ellos, el referido Modesto Crespo, un empresario ligado al sector automovilístico y respaldado por el PP valenciano liderado entonces por Francisco Camps. Presidió la caja desde junio de 2009 hasta julio de 2011, cuando el Banco de España le obligó a renunciar una vez descubierto el agujero multimillonario.

De él dice el juez instructor que «conocía, supo e intervino» en todas las irregularidades cometidas en la entidad levantina bajo su mandato. El 'factótum' de la CAM era, sin embargo, Roberto López Abad. Fue su director general desde febrero de 2001 hasta diciembre de 2010, cuando se prejubiló, aunque en la práctica siguió en su puesto y dando órdenes hasta el verano siguiente.

Su poder en la caja de ahorros era casi omnímodo: primer jefe administrativo, «con el mayor rango y categoría», y además teniendo a su cargo la gerencia. Su papel, señala Gómez Bermúdez, fue más que «relevante». Su sucesora, aunque solo por unos meses, fue quien había sido su 'mano derecha' como directora general adjunta, María Dolores Amorós. Ambos estuvieron de acuerdo en las decisiones clave, si bien le tocó a ella elaborar las cuentas manipuladas de 2011 y también «autorizar el pago de retribuciones indebidas».

El resto de los ocho imputados ya formalmente estaban en un segundo escalón de la cúpula. Se trata de Teófilo Sogorb, ex director general de Planificación y Control; Vicente Soriano;ex director general de Recursos; Francisco José Martínez, ex director general de Inversiones y Riesgo; Juan Luis Sabater, ex director de financiación y gestión de liquidez; y Salvador Ochoa, ex director de información financiera.

El magistrado divide en dos bloques los perjuicios que causaron a la CAM. De un lado, la «alteración» de sus cuentas anuales de 2010 y 2011 (primer semestre), pues «no reflejaban la imagen fiel de la entidad». Entre otras «irregularidades», se liberaron «de forma indebida» provisiones para préstamos titulizados de deuda de «muy baja calidad» -inflando el resultado anual en 210,3 millones-, y también se manipuló la contabilización de los dividendos de las filiales y de la dotación de fondo de prejubilaciones. Todo ello se ocultó al auditor.

Fue, resalta Gómez Bermúdez, «la ejecución de un plan concertado por el comité de dirección» -al que pertenecían los acusados-, cuya finalidad era la integración en una 'fusión fría' con otras cajas para así «diluir el verdadero estado» financiero de la CAM y, con ello, «poder cobrar los incentivos por resultados, así como otros complementos por su buena marcha». En el caso de las cuentas de 2011, el juez sostiene directamente que «estaban falseadas». De esta manera, en vez del beneficio «aparentado» de 60 millones «en realidad» había pérdidas que ascendían a 1.136 millones, una imagen «distorsionada» que revelaron el Banco de España y el FROB tras la intervención.