El Parlamento Europeo pide que los ciudadanos españoles no paguen 'Castor'

El caso de la almacén de gas subterraneo 'Castor', frente a las costas de Castellón, está lejos de cerrarse. A la investigación judicial abierta se ha sumado ahora la petición formulada por el Parlamento Europeo a la Comisión y al Banco Europeo de Inversiones (BEI), que financió el fallido proyecto, para que «tomen medidas a fin de evitar que los ciudadanos españoles tengan que abonar, bien mediante un déficit público más elevado, bien mediante el aumento de los costes de la energía, 1 300 millones euros en compensaciones por un proyecto precedido de una evaluación desastrosa», dinero que fue a la empresa concesioanaria Ecal UGS tras la paralización del almacén de gas.

Esta petición, votada por separado y aprobada por 350 votos a favor, 263 en contra y 28 abstenciones, está incluida en el informe anual de actividad del BEI y fue promovida por el eurodiputado de Iniciativa per Catalunya-Verds, Ernest Urtasun. En el texto, el Paralamento Europeo «lamenta» el papel del BEI y de la Comisión en el 'proyecto Castor', que fue sufragado con fondos de la Iniciativa Europa 2000 de Obligaciones para la Finaciación de Proyectos, y critica que la «evaluación de riesgos no tomó en consideración el riesgo de aumento de la actividad sísmica vinculado a la inyección de gas, pese a la existencia de estudios que alertan claramente de los peligros potenciales de esta operación».

Pero el Parlamento de Europeo va más allá al solicitar la Comisión que siga las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo para que se «investigue si las decisiones del Gobierno español sobre Castor pueden considerarse ayuda estatal prohibida».

El medio centenar de terremotos registrados en el norte de la provincia de Castellón y el sur de Tarragona fueron producido al llenar con el llamado 'gas colchón' el antiguo yacimiento petrolífero frente la costa de Vinaroz. La alarma social motivó la paralizacion de las operaciones en septiembre de 2013. Los geólogos apuntaban que la presión del gas sobre las paredes del depósito subterráneo actuó sobre una falla y produjo los movimientos sísmicos, muchos de ellos imperceptibles para la población.

Después de casi un año de investigación, los estudios de estudios confirmaron que el llenado del antiguo pozo petrolífero produjo los seísmos, por lo que la promotora Escal UGS decidió renunciar a la concesión del almacen. Según establecían los acuerdo de concesión, la empresa tenía derecho a una indemnización de 1.350 millones de euros. Esto obligó al Gobierno a aprobar el 3 de octubre de 2014 el real decreto que -entre otros asuntos enérgéticos- fijaba la indemnización y determinaba que 'Castor' pasaba a ser gestionado por Enagás, que será quien repercuta el coste de la operación en los usuarios del sistema gasístico.

A los tribunales

Mientras tanto, la denuncia de la Fiscalía dió lugar el pasado mes de enero a que el juez de Instrucción número 4 de Vinaroz abriese diligencias para investigar las supuestas irregularidades en la gestión del proyecto 'Castor'. La Fiscalía dirigió su denuncia contra contra los responsables que intervieron en la tramitación del proyecto de los ministerios de Industria, Medio Ambiente, del Insistuto Geológico y Mininero y de la empresa Escal UGS, adjudicataria del almacén subterráneo.

Esa denuncia de la Fiscalía fue interpuesta tras un amplio debate en el seno del Ministerio Público. La polémica fue zanjada por el entonces fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce que autorizó presentarla.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el pasado mes de febrero los recursos presentados por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, por la Generalitat de Cataluña y por el Parlamento de dicha comunidad autónoma contra el real decreto que fijaba las inmenizaciónes para los promotores del almacén de gas subterraneo. El caso sigue abierto.