La Comisaría Provincial refuerza la Policía Judicial para investigar presuntos casos de corrupción

El Ministerio del Interior ha tomado medidas para, de manera definitiva y tras las presiones recibidas desde el ámbito judicial, acelerar las investigaciones por presunta corrupción y, en general, todas aquellas que están en marcha y dependen de la Comisaría Provincial de Alicante. Los mandos del Cuerpo Nacional de Policía en Alicante han acordado potenciar la Brigada de Policía Judicial, a la que con carácter inmediato se incorporará un nuevo jefe. La persona elegida es, según ha podido saber este diario, Antonio Selva, quien hasta ahora desempeñaba sus funciones como comisario de Elche. Selva, con amplia experiencia en la Policía Judicial, asumirá la máxima responsabilidad de esta unidad, un puesto que se encontraba vacante desde que Alberto Rubio dejó esa función para convertirse en el número 2 de la Comisaría Provincial de Alicante y formar tándem con el actual comisario jefe provincial, José Javier Cuasante.

A Selva se unirá la incorporación, en breve, de un grupo de agentes especializados en delincuencia económica y que llegarán procedentes de la Jefatura Superior de Policía de Valencia. Se trata de varios funcionarios, cuyo número exacto aún está por determinar, que reforzarán el trabajo de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), dependiente a su vez de la Brigada Provincial de Policía Judicial. Permanecerán en Alicante de modo indefinido, es decir, todo el tiempo que resulte necesario para que la Policía Nacional se ponga al día con las numerosas investigaciones que mantiene abiertas en relación con presuntas corruptelas. Los profesionales de la UDEF se han visto desbordados en los últimos tiempos por el trabajo generado por un monstruo judicial, como es la causa de Brugal, de la que se han acabado derivando numerosas piezas separadas. En el caso de la ciudad de Alicante, se investigan presuntos amaños en la tramitación del Plan General y también en el denominado Plan Rabasa, el que se inició para favorecer la instalación de Ikea en la capital. En ambos figura el empresario Enrique Ortiz como principal supuesto beneficiario, mientras que por el lado político las sospechas se centran en los exalcaldes Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi.

Los cambios diseñados en la Policía Judicial de Alicante cuentan con el visto bueno del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, quien precisamente estuvo el pasado miércoles de visita en Elche, un día antes de desplazarse a Dénia, también en la provincia de Alicante. Esta estancia en tierras alicantinas sirvió para cerrar definitivamente todas las novedades. El Ministerio del Interior satisface así las peticiones que le hizo llegar recientemente el Consejo General del Poder Judicial, que le instó a tomar medidas para solucionar el retraso que los investigadores habían acumulado, hasta tres años, en la presentación de informes relacionados con Brugal solicitados por el Juzgado de Instrucción 5 de Alicante. Las quejas del titular de este órgano judicial, Manrique Tejada, ya propiciaron que el comisario provincial notificase formalmente a Tejada que había trasladado a la UDEF tres agentes más para ayudar al resto de compañeros. Este refuerzo inicial irá ahora acompañado de un paso más firme en ese mismo camino que tiene como fin acelerar las pesquisas de una causa de presunta corrupción político-económica que lleva ya siete años de instrucción judicial.

Por el momento, la Comisaría de Elche será dirigida, como jefe accidental, por el actual número 2, Ceferino Serrano, con experiencia ya en esta responsabilidad. Mientras tanto, la Dirección General de la Policía iniciará los trámites administrativos para cubrir el puesto de comisario en Elche. Selva ha permanecido en el cargo poco más de un año, ya que se incorporó durante el mes de abril de 2014.