Condenan a nueve meses de cárcel a los hermanos Gregory por fraude en la venta de un camión

Los hermanos Rafael y José Vicente Gregory han aceptado sendas penas de nueve meses de prisión por delitos de apropiación indebida y falsedad documental en la venta de un camión a la mercantil Gasóleos Alicantinos SL, según han informado a Efe fuentes de la Fiscalía.

Los acusados han alcanzado un acuerdo con el ministerio público, que solicitaba inicialmente para cada uno de ellos cuatro años de cárcel, y con la acusación particular, que debe ser refrendado por la sección primera de la Audiencia Provincial de Alicante, sala que había fijado para mañana la celebración del juicio.

La conformidad de las partes personadas en el procedimiento implica la aplicación a los procesados de la atenuante de dilaciones indebidas y reparación del daño, ya que han llegado a un acuerdo con los afectados para indemnizarles.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2009, cuando Rafael y José Vicente Gregory, que eran director comercial y administrador de la mercantil Autisa Servicios S.L. , concesionaria de la distribuidora Renault Truks SA en la provincia de Alicante, vendieron el vehículo a Gasóleos Alicantinos SL y se apropiaron indebidamente de 60.000 euros.

La empresa instaló una carrocería especial en el camión y una cisterna para transportar combustible, pero no recibió la documentación necesaria para matricularlo y pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) porque el fabricante no había cobrado el dinero.

Ante los requerimientos del comprador, Autisa le entregó dos documentos falsos elaborados por ellos o por sus empleados a instancias suyas para simular que habían ingresado el importe de la venta a Renault y le habían reclamado la documentación del vehículo.

Ambos acusados fueron en su día inhabilitados para desarrollar sus funciones empresariales al ser declarados culpables del concurso de acreedores de Autisa por un juez de lo Mercantil y están actualmente inmersos en diversas causas penales por estafa, falsedad documental o alzamiento de bienes, entre otros delitos.

Algunos de esos procesos derivan de la 'Operación Brugal'. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción considera a Rafael Gregory el principal intermediario entre el que fuera presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll en el caso de corrupción relacionado con el Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja.

A pesar de aceptar sendas penas de 9 meses, los acusados no tendrán que ingresar en prisión porque los antecedentes penales firmes que constan en su historial, una condena de 1998 a dos años de cárcel por quedarse con el dinero de diez autobuses que exportaron a México, están cancelados, según las fuentes de la acusación pública.