Una firma registró 174.000 euros que pudieron ir a Alperi

El reparto de 'bocadillos' de la presunta trama corrupta del Ayuntamiento de Alicante y el empresario Enrique Ortiz para sacar partido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital regresó ayer al Palacio de Justicia. El instructor del caso, que se desgaja de la operación que desenmascaró los supuestos tejemanejes de cargos del PP en la provincia, había llamado a declarar como testigo al administrador concursal de Asegur Ingeniería del Fuego SL.

La empresa es, según la Policía, una sociedad instrumental para hacer importantes entregas de dinero al promotor y al exalcalde de Alicante y exdiputado autonómico Luis Díaz Alperi y pagar así uno de los bungalós de su hija Elisa, también parlamentaria en Les Corts por el PP.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) intervino el teléfono del dueño del Hércules, a quien se le puede escuchar referirse a los 'bocadillos' -supuestas entregas de dinero que debían acabar en los bolsillos de Díaz Alperi- y a quien ya se le atribuía en la investigación que llevan a cabo los agentes con la Fiscalía Anticorrupción dirigidos por el Juzgado de Instrucción 5 otros supuestos sobornos como un viaje a Creta.

La empresa Asegur Ingeniería del Fuego SL incluyó en su contabilidad un ingreso de 174.000 euros abonado por la UTE que construía un hospital de Elche y en la que participaba Enrique Ortiz. El dinero fue extraído de una sucursal bancaria el sábado 25 de octubre de 2008 por el apoderado de Asegur, Pablo Rico, pero tanto éste como el directivo de una de las empresas de Ortiz, Santiago Bernáldez, han señalado en sus declaraciones como imputados que estaba destinado a pagar la instalación de extintores y otros materiales en el hospital.

Rico concretó que ingresó el pagaré de la UTE en una cuenta de su empresa y luego sacó la cantidad en efectivo y se la entregó a una administrativa, quien desmintió esa afirmación ante el magistrado en su comparecencia como testigo. No obstante, la operativa, tal y como la describen los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional resulta del todo rocambolesca, pues todo se hizo en muy pocos días, comenzando además porque se inició un sábado.

Asegur Ingeniería del Fuego SL se encuentra actualmente en fase de liquidación por sus deudas y está dirigida por un administrador concursal, quien ratificó ayer por la mañana que el ingreso de los 174.000 euros figura como entrada en el libro de contabilidad de la sociedad, pero también hay una salida al respecto.

Según este testigo, no existía soporte documental alguno de la cantidad hasta que el abogado de la concursada aportó, recientemente, una factura por los trabajos de instalación de material en el hospital, cosa que le llamó la atención.

Titular de la cuenta por error

A la salida de los juzgados, el administrador concursal no quiso realizar declaraciones a los medios, aunque sí aclaró que la Policía cometió un error al señalarlo en un informe como titular de la cuenta de Asegur donde se ingresó el pagaré de la UTE del hospital, ya que él tomó posesión en el año 2011 de la concursada. En este sentido, explicó que el banco facilitó a los agentes el nombre del último titular de dicha cuenta, que es él como administrador nombrado por el juzgado, y la Policía entendió que ya dirigía la empresa en 2008, cuando se produjo la operación bajo sospecha.

Mientras, el instructor va cerrando la investigación judicial del asunto tras tomar declaración a todos los imputados, entre los que figuran la exalcadesa Sonia Castedo, su hermano José Luis y su socio en el bufete Salvetti, entre otros.

Recientemente, el juez Manrique Tejada sobreseyó la causa para dos empresarios y aguarda ya la llegada de los informes policiales sobre los registros efectuados al inicio de las pesquisas del 'caso Brugal'.