La suspensión del PGOU fuerza a tomar medidas urgentes para proteger edificios

La Comisión Territorial de Urbanismo aprobó ayer la petición del Ayuntamiento de Alicante de desistir en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El documento será devuelto al Consistorio para que inicie de nuevo su tramitación, una trascendente decisión que tomó el alcalde, Miguel Valor, a los pocos días de sustituir a Sonia Castedo al mando de la ciudad.

Este desistimiento dejará en suspenso la revisión del PGOU y el mayor problema que surge al respecto es que ello retrasará también la aprobación del nuevo Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos que incluía este documento, en el que aparecen algunos edificios que en la versión anterior del plan no gozaban de protección. Por ello, desde el Ayuntamiento explicaron ayer que se tomarán medidas de urgencia para evitar que estos bienes queden desprotegidos mientras se tramita el nuevo PGOU, lo que puede llevar años.

Una posibilidad, señalan desde Urbanismo, es aprobar el Catálogo de forma independiente al PGOU, una posibilidad que ya se barajó a finales del año 2013 y que se llegó a llevar a Pleno. «La ley nos permite tramitarlo de forma separada, explica la concejal de Urbanismo, Marta García-Romeu. Aunque, añade, «existen otras opciones y las vamos a barajar todas».

En cualquier caso, la edil envía un mensaje tranquilizador al respecto, ya que, explica, «el desistimiento en la tramitación del PGOU no se hará efectivo hasta dentro de un mes, aproximadamente y durante este tiempo no habrá problema». Es durante este plazo que el Ayuntamiento decidirá cuál es la mejor manera de proteger los edificios que quedan desprotegidos.

Según García-Romeu, «son muy pocos los que se verían afectados, dado que los verdaderamente importantes están protegidos por otras figuras, como los planes especiales o las operaciones integradas en las que se ubican».

Es el caso, por ejemplo, de todos los que están ubicados en el Casco Antiguo y el Centro Tradicional, que son la mayoría, que tienen la protección de sus respectivos planes especiales. «La Estación de Renfe está protegida por la OI/2, es decir, el plan del soterramiento, y la de Benalúa por la OI/3», apunta García-Romeu. En el caso de los Bienes de Interés Cultural la protección está clara.

La desestimación de la tramitación del PGOU se aprobaba ayer en una reunión celebrada en la Torre de la Generalitat en Alicante y tras finalizar el plazo de exposición pública que marca la ley. El Pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó el pasado 6 de febrero por unanimidad solicitar la devolución del PGOU para su revisión y su actualización, por considerar que el documento estaba «marcado por la sospecha».

El planeamiento se inició hace casi 15 años y por su tramitación están imputados los exalcaldes de la ciudad Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, en una causa derivada del 'caso Brugal' en la que se investigan presuntos beneficios al constructor Enrique Ortiz.

La decisión de solicitar la retirada contó con los votos a favor de los cuatro partidos con representación política. No obstante, el PP rechazó con su mayoría las enmiendas presentadas por PSPV y EU para que se añadiese la petición de devolución de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que facilite la llegada de la multinacional Ikea a los terrenos de Rabasa. El alcalde de Alicante, Miguel Valor, defendió desde su toma de posesión en enero como sustituto de Castedo, su «convencimiento» de que la retirada era la «mejor solución».

Desde Urbanismo explicaron ayer que el proceso de participación pública que se anunció para establecer las bases del nuevo PGOU será ya tarea de la próxima Corporación municipal, ya que hasta dentro de un mes no se recibirá la documentación y que la cercanía de las elecciones hace que «no sea lo más adecuado» iniciar un proceso de tal calado.