Los comerciantes irán a un contencioso si les rechazan las alegaciones a la ATE de Ikea

El Colectivo de Comerciantes por Alicante registró ayer su escrito de alegaciones a la Actuación Territorial Estratégica que promueve la instalación de un gran complejo comercial en Rabasa, incluida una tienda de Ikea.

Un escrito en el que obvian cualquier cuestión derivada de la competencia o la destrucción de puestos de trabajo, dado que entrarían en contradicción con las directrices europeas y podrían rechazárselas. En cambio, el texto que han presentado se centra casi exclusivamente en los incumplimientos de textos legales y otras normativas en los que, a su juicio, incurre el proyecto presentado por Alicante Avanza. Incumplimientos que hacen, señalan, que la ATE sea «nula de pleno derecho».

Por ello, advierten ya de que si sus alegaciones son rechazadas «seguramente tendremos que iniciar un contencioso administrativo contra la Conselleria, porque entendemos que se están violando varias leyes», explicó ayer el presidente del Colectivo, Domingo Martínez.

El presidente señala que los comerciantes quieren dejar claro que «no queremos este proyecto, tal y como está planteado», aunque mantienen que sí están de acuerdo con la implantación de Ikea. ¿Cómo? «O bien modificando este proyecto de forma que como máximo quede una superficie comercial residual, o bien empezando de cero», explica Domínguez.

En sus alegaciones comienzan explicando que la ATE contempla el 74% del suelo comercial previsible en Alicante, una concentración que entienden que es «desproporcionada». Además, creen que no está justificado que sea la Generalitat la que defina «desde arriba y directamente» este suelo, ya que «atenta contra el interés municipal, que es el que debe definir el uso comercial en la ciudad de Alicante». Es decir, que es el Ayuntamiento el que tiene las competencias para decidir sobre las zonas de ubicación de los comercios dentro de la ciudad.

Además, creen que el proyecto va en contra de la ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, que exige que las actuaciones urbanísticas deben «favorecer la calidad de los tejidos urbanos, mediante la imbricación coherente de usos, actividades y tipologías urbanas». Poco coherente es, dicen, ubicar el 74% del suelo comercial en una sola actuación.

Por otro lado, alegan que la ATE «pretende dar carta de naturaleza a un modelo de suelo comercial que no era el que hasta ahora promovía la Generalitat». En este sentido, aluden, en primer lugar, al Plan de Acción Territorial Sectorial Comercial de la Comunidad Valenciana (Patsecova), en tramitación, que auspicia un modelo «de apoyo al sector minorista, competitivo y sostenible; buscar estructuras equilibradas y definir áreas comerciales funcionales».

Un cambio de criterio que, a su juicio, «no se ha justificado», por lo que la Generalitat incurriría en un incumplimiento de la llamada «doctrina de los actos propios», sobre la que hay jurisprudencia. Alegan que se está incurriendo en una «arbitrariedad» en la ordenación urbanística que vulnera también la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana.

Una estrategia que habla también de fomentar el comercio de proximidad, de favorecer tejidos urbanos amables y e implantar superficies comerciales que no afecten a la convivencia de todas las opciones comerciales. «Esta ATE las anula», defienden.

Por último, los comerciantes incluyen una alegación que hace referencia a la afección de valores objeto de protección ambiental recogida también en la ley de Ordenación del Territorio.

Aluden, en concreto, a que no se han garantizado suficientes recursos hídricos, ni la sostenibilidad del tráfico rodado y de los accesos. Añaden que parte del sector se ubica en zonas de riesgos naturales graves y acreditados, que afectan a zonas de protección y a zonas forestales y que no se adoptan medidas de protección del patrimonio cultural ni contra el cambio climático.

«A diferencia del Ayuntamiento, que se ha basado en informes técnicos, nosotros nos hemos centrado en el incumplimiento claro de varias normativas estatales, comunitarias y regionales que debería ser suficiente para anular la ATE», considera Domínguez.