Cepyme denunciará en Anticorrupción la financiación «ilegal» de Coepa

La patronal de pequeñas y medianas empresas de la provincia, Cepyme, tomó ayer el acuerdo, por unanimidad, de denunciar en breve ante la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Provincial de Alicante y la de Valencia la financiación «ilegal» de la confederación Coepa. En declaraciones a este diario tras la reunión, a la que asistieron dos de los principales colectivos empresariales de Alicante, Fempa y Facpyme, el presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro, informó de que la Fiscalía debe decidir sobre la «presunta inacción de la directora general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y la presunta acción del conseller, que ha permitido que Coepa no pague sus cuentas a la Generalitat (en alusión a una ayuda de 600.000 euros del antiguo Impiva para construir su sede en Ruperto Chapí), pero sí obtenga beneficios con plusvalías de la venta de dicho edificio, mientras la deuda con el IVF se mantiene no solo sin pagar, sino sin reclamar, que es aún más grave». Navarro asegura que el crédito abierto superaba los tres millones de capital principal.

Además, Cepyme va a crear un registro, articulado por localidades y comarcas de la provincia y por sector de actividad, para tramitar denuncias confidenciales contra la supuesta corrupción empresarial o política, la economía sumergida y la competencia desleal. Cepyme decidió pedir al nuevo presidente de la Generalitat que resulte del 24M que reclame a las personas «involucradas personalmente las sanciones que imponga la UE a la Generalitat o al propio Estado por las facturas en los cajones», en alusión a los 19 millones que ya exige Bruselas por el registro anómalo del déficit autonómico.

También solicita la actuación de la Sindicatura de Cuentas para que «actúe, dentro de sus competencias y revise las actuaciones económicas que pudieran ser constitutivas de algún hecho ilícito para depurar responsabilidades».

La patronal Cepyme anuncia su dimisión como miembro de la junta directiva de Cepyme nacional «al no iniciar acciones legales contra su expresidente Jesús Terciado».