La Policía envía al juez del 'PGOU' el informe patrimonial de Díaz Alperi

Los investigadores de los presuntos amaños del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante mueven ficha. El Grupo de Blanqueo de Capitales entregó ayer al instructor de la rama que afecta al urbanismo de la ciudad del 'caso Brugal', Manrique Tejada, uno de los informes que todavía faltaba para apuntalar las diligencias, que es el que tiene que ver con el patrimonio del exalcalde de la capital alicantina Luis Díaz Alperi. Desde el ámbito judicial se instó a dar un impulso a las pesquisas policiales y la respuesta, con la aportación de este informe con nuevos indicios contra el ex primer edil y exparlamentario popular, no se ha hecho esperar.

Los agentes trasladaron ayer el informe patrimonial, derivado de los presuntos sobornos de Enrique Ortiz a Díaz Alperi a fin de dar con las transferencias bancarias entre ambos. Se trata de un voluminoso dossier que amplía y constata las sospechas hasta el momento de más de 500 páginas de extensa documentación que queda resumida en apenas unas hojas de informe y que ya obra en Instrucción 5, según pudo saber ayer este diario.

El juez rastrea las rentas de Alperi para constatar que los llamados 'bocadillos' de los que Ortiz y su entorno hablan en las conversaciones intervenidas son en realidad cohechos con los que el exdiputado del PP en Les Corts pagó supuestamente la hipoteca de una de sus hijas. Sobre el representante público recae también la sospecha de otros sobornos, como un viaje a Creta.

En las últimas semanas han declarado varios empresarios imputados, entre los que se encuentra el hermano de Ortiz, y testigos relacionados con las empresas de la UTE que construyó el Hospital del Vinalopó de Elche. Todo hace indicar que el conocido promotor sacó presuntamente 174.000 euros y otros 60.000 para Díaz Alperi.

La Policía sostiene que, para ello, el dueño del Hércules CF se habría valido de varios empresarios investigados en la causa que supuestamente movieron el dinero mediante un pagaré por servicios prestados que los agentes consideran falsos en favor de la firma Asegur. De la documentación que falta por entregar al instructor por parte de la Policía Judicial alicantina, tan solo está pendiente la que concierne a los registros que se hicieron de las propiedades del presunto corruptor, Enrique Ortiz, cuyas oficinas fueron una de las piedras angulares de los registros efectuados en el año 2010. Este dossier, según informaron las fuentes jurídicas consultadas, tardará al menos dos semanas en formar parte de las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción 5.

Se trata de una laboriosa investigación surgida a raíz de los 'pinchazos' telefónicos de la 'Operación Brugal' a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ordenada por un juzgado oriolano y en cuya pieza urbanística EU y PSPV ejercen la acusación popular. De entre la veintena de sospechosos, los principales son Ortiz, Díaz Alperi y la exalcaldesa Sonia Castedo, acusados de actuar desde el Ayuntamiento en beneficio del promotor.

La Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción había pedido avivar la búsqueda de información. La Comisaría Provincial salió al paso reforzando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), de la que depende el Grupo de Blanqueo y que pertenece a la Brigada Provincial de Policía Judicial.