Decretan la apertura de juicio oral contra Pepa Ferrando por el caso 'Fitur'

La titular del juzgado de Instrucción Número 3 de Orihuela, María del Carmen Valverde, firmó el miércoles el auto de incoación de procedimiento abreviado, esto es, la apertura de juicio oral, contra la actual candidata de Foro Demócrata, la expopular Pepa Ferrando, por el conocido como caso Fitur.

En el escrito la magistrada dice que del conjunto de las diligencias de investigación efectuadas tras la interposición de la denuncia por el actual equipo de gobierno sobre la adjudicación del servicio por parte del Ayuntamiento oriolano cuando Ferrando ocupó la delegación de Turismo entre los años 2007 y 2011 para las ferias de Fitur de esa legislatura, «se extraen datos objetivos de los que inferir la sospecha fundada de que como concejal de Turismo encargó los distintos trabajos necesarios para la instalación y montaje de los stand a varias empresas, relacionadas todas ellas entre sí, y sin la concurrencia de otras, para lo cual se fraccionaron los distintos servicios a pesar de ser similares o idénticos en muchos casos».

La juez argumenta que en muchos casos además fue «para que el precio de cada uno de ellos no superara los 18.000 euros, además de que el precio de cada uno de estos servicios es superior al normal del mercado, con el consiguiente perjuicio y quebranto que supone para el erario público». Igualmente la responsable de Instrucción 3 dice que las sospechas derivan de la documentación aportada en su momento por el Consistorio y de que este informó que no existía expediente de contratación relativo a las facturas analizadas, de los informes periciales de los policías sobre los servicios prestados por las mercantiles «y analizando la relación que existe entre todas las empresas, las relaciones económicas entre ellas y la composición de las mismas». Agrega que todas tienen vinculaciones entre sí al compartir administradores o miembros de sus consejos de dirección, relaciones comerciales entre ellas o apoderados de las mercantiles.

Otra de las cuestiones que plasma el auto es que además las facturas, a pesar de ser empresas con nombres distintos, se presentaron para su cobro en el Ayuntamiento «todas juntas en la misma fecha» y que esta circunstancia, unida a la anterior «acrecienta la sospecha de que se trata en realidad de un mismo encargo a pesar de que se aparentara que se trataba de trabajos distintos a empresas distintas por servicios distintos», de ahí que diga que «ese fraccionamiento parece responder al hecho de eludir el procedimiento de contratación al que concurren distintas empresas para asegurar que todos los servicios se concedían, en realidad, a la misma o grupo de ellas».

En el mismo auto dice que todos los hechos relatados «revisten apariencia delictiva» y que tras acabar la fase de instrucción acuerda la fase de preparación del juicio oral tanto contra Ferrando como contra los responsables de las empresas. De igual modo la magistrada exime de toda responsabilidad a tres técnicos municipales sobre conductas sospechosas en todo el procedimiento de contratación porque «no se han podido apreciar que existan indicios suficientes que permita afirmar que los mismos controlasen la selección de empresas y el encargo hecho a las mismas ni la forma en que se encargaron los servicios», de ahí que sobresee las imputaciones sobre estos.

Pero esta cuestión sobre el paso de Ferrando por la Concejalía de Turismo no es la única que deberá afrontar la expresidenta de los populares oriolanos. El fiscal también quiere que como consecuencia de todo el proceso de investigación del caso Fitur la magistrada siga la pista a otra. En este caso alerta de otra serie de irregularidades que podrían constituir infracción penal. Así el ministerio público dice que se investigó la compra de material promocional por valor de 75.160 euros mediante adjudicación directa a otra mercantil, pero sobre todo que Ferrando tuvo una empresa de eventos como administradora única entre febrero y agosto del 2007, antes de ser edil.

Así dice que centró su actividad en la realización de la feria Sentidos Divinos, de donde procedieron la totalidad de ingresos, con una cantidad de 97.825 euros, cuyas facturas contaron con reparos de Intervención porque no se tramitó el correspondiente expediente conforme a la Ley de Contratos. El fiscal deduce que la creó justo antes de ser edil de Cultura «con la única finalidad de que le fuera adjudicada la organización de Sentidos Divinos, vulnerando las normas de contratación, sin realizar, prácticamente otra actuación empresarial más allá de esta que fue objeto de irregular adjudicación, hecho que podría ser prevaricación».