Díaz Alperi acusa a Clavero de estafar y ocultar información a Mercalicante

Emilio Clavero sorteó todos los mecanismos de control de Mercalicante, la empresa mixta municipal y participada por la estatal Mercasa que contaba con un Consejo de Administración, una comisión ejecutiva y la elaboración periódica de auditorías. Esta es la conclusión que trasladaron los testigos que declararon ayer en la Audiencia Provincial a cuenta del presunto desfalco de 4 millones de euros por parte del exgerente de la firma, huido de la Justicia. El exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi aseguró que el prófugo «preparó una estafa» y «ocultaba información» a los órganos de la empresa.

Los miembros de la comisión ejecutiva resultaron ser víctimas de los engaños de Clavero, según relataron también el concejal del Ayuntamiento Juan Zaragoza y el exedil José María Rodríguez Galant. Al igual que Alperi, ambos llegaron a estar imputados en el procedimiento hasta el año 2009, junto con el antiguo empleado de Mercasa Gonzalo Simón, y ya el fallecido Segundo Bermejo. Los integrantes del organismo coincidieron en señalar a Emilio Clavero como una persona de confianza que realizó operaciones por su cuenta, sin autorización de nadie y a quien culparon de todo.

La declaración de Díaz Alperi se extendió casi dos horas y media, ya que fue interpelado ampliamente sobre el funcionamiento de la comisión, el consejo y cómo surgió la idea de implantar en Mercalicante el SIME, el sistema informático destinado a modernizar el mercado de Alicante que, según dijo, quedó «en papel mojado, no cuajaba».

Preguntado precisamente por qué no se llevó a término, el exparlamentario aseguró que era una «estrategia» de Clavero, quien ofreció una imagen «interesante» cuando en realidad Mercalicante «pagaba» y él «preparaba una estafa».

Según el testimonio del imputado en el 'caso PGOU', nunca supieron de los tejemanejes que se traía entre manos Emilio Clavero. «Sospechamos», dijo, cuando solicitó a la comisión ejecutiva en tres ocasiones «300 millones de las antiguas pesetas» (1,8 millones de euros).

El exgerente decía querer el montante para invertir en acciones, luego para comprar la sociedad que explotaría SIME y, por último, para recuperar el alquiler de tres naves industriales, arrendadas a las conocidas como las 'tres íes' (Inver SL, Intermark SL e Intercom SL).

Alperi reconoció a preguntas del fiscal que Clavero informó a la comisión ejecutiva del alquiler por un periodo de 25 años de las instalaciones por «900 pesetas el metro cuadrado». Sin embargo, Juan Zaragoza relató que el entonces gerente negoció los contratos de alquiler con las 'tres íes' «sin permiso de la comisión ejecutiva y del consejo».

En cualquier caso, solo tras las indagaciones de la auditoría externa pedida a posteriori descubrieron que en realidad pagaban 260 pesetas el metro, precio que no permitiría ni tan siquiera recuperar lo invertido en la construcción de las naves.

Estas irregularidades solo salieron a la luz, se afanó a relatar Díaz Alperi y a reproducir el resto de testigos, tras las sospechas iniciales. «Hablé con el presidente de Mercasa, le expuse una situación de preocupación y le propuse hacer una auditoría de gestión», narró al tribunal. Es solo entonces cuando conocieron que Clavero había subarrendado las naves a otra firma, Logística Alicantina del Frío (LAF), en la cual llegó a trabajar la hija de Juan Zaragoza y en la que estaba como contable su marido.

«Le pedí que lo dejara», aseguró el testigo, quien añadió que Clavero «se dedicaba a buscar parientes de miembros del consejo de administración y políticos influyentes para contratarlos si podía».

Además de los subarrendamientos, una práctica que la socia Mercasa no tenía como práctica habitual, como afirmó el antiguo empleado Gonzalo Simón, los responsables de Mercalicante se toparon con movimientos económicos no autorizados. «No conocía ni la existencia de una cuenta de gerencia», adujo un Luis Díaz Alperi que ni tan siquiera sabía qué empresa se adjudicó el contrato para poner en mecha el SIME

Incluso con la designación de una comisión especial, que según Díaz Alperi se le encargó al exedil José María Rodríguez Galant, para el seguimiento de la implantación del SIME, nada se pudo hacer para detectar que el gerente desde finales de los noventa preparaba todo un desfalco a cuenta de Mercalicante.

Sin embargo, Rodríguez Galant se desmarcó en parte de las manifestaciones de Alperi al asegurar que en él no se delegó «ningún control» pero que sí se configuró una comisión formada por tres miembros «que nunca nos llegamos a reunir», por lo que no hicieron absolutamente «nada». Esto es así, adujo el exdirector de Ciudad de la Luz, porque «Clavero nunca nos presentó nada».