Clavero negoció el alquiler de las naves investigadas de Mercalicante

Después de los testigos políticos, llegó ayer el turno de nuevas declaraciones en el juicio por el 'caso Mercalicante', en el que se investiga el desfalco de alrededor de 4 millones de euros de la sociedad participada en un 51,2 % por el Ayuntamiento de Alicante y en un 48,3 % por la estatal Mercasa.

Hasta la Audiencia Provincial acudieron algunos de los responsables de la firma LAF, que acabó ocupando las naves, que en realidad estaban arrendadas a las llamadas 'tres íes' investigadas en el proceso, Intermark, Intercom e Inver.

Se trata, entre otros, de los hermanos Rafael y José Vicente Gregory, responsables de la empresa Logística Alicantina del Frío (LAF), quienes aseguraron que el subarrendamiento lo contrataron directamente con José Emilio Clavero, el gerente prófugo para el que la Fiscalía Anticorrupción tan solo pide 4 años de prisión, aunque las acusaciones particulares le piden 22 años entre rejas.

Entre las malas prácticas que se le achacan a Emilio Clavero se encuentra la de arrendar las tres naves a las 'tres íes', quienes a su vez subarrendaron las instalaciones a LAF, donde trabaja la hija de Juan Zaragoza y su marido.

Los responsables de esta última firma son los hermanos Gregory, conocidos también por su presencia en asuntos de presuntas estafas e, incluso, por formar parte Rafael del sumario del 'caso Brugal'. Este mismo indicó al tribunal que por aquella época, cuando se asentaron en las naves, «había muchas cosas raras», aunque no precisó cuáles eran.

Su hermano José Vicente, quien aseguró haber pergeñado la contratación del alquiles con Clavero, reconoció que solo trataba con este último y que no tuvieron conocimiento de las 'tres íes' tiempo después.

El Ministerio Público entiende que muchos de los actos de Emilio Clavero fueron avalados por la comisión ejecutiva, integrada por el exalcalde Luis Díaz Alperi, Juan Zaragoza, José María Rodríguez Galant y dos miembros de Mercasa, exculpados en el transcurso de la instrucción del caso por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y la Audiencia Provincial.

En la sesión celebrada ayer, compareció también el gerente que quedó al frente de Mercalicante tras el despido del prófugo de la Justicia, y que fue nombrado en enero de 2003. Se trata de Manuel Marco, quien también ha sido edil en el Ayuntamiento de San Vicente. Antes de ocupar la gerencia, colaboró con los auditores que fiscalizaron el trabajo de Clavero sobre todo en cuanto a la implantación del mercado electrónico, conocido como el proyecto SIME.

Según el testimonio de Marco, poca documentación sobre el ambicioso proyecto halló y menos equipos que debían ayudar a su puesta en marcha. Sin embargo, en la sesión del martes, el auditor de Pricewaterhouse sostuvo que en realidad lo valioso era el software, propiedad de la firma Tanos, cuyo ingeniero se sienta en el banquillo de los acusados.

Asimismo, el exgerente puso al descubierto una vez más las formas de actuar de su antecesor. Tal y como relató, Clavero disponía de una cuenta de Mercalicante en la que «tuvo un saldo de deudor de hasta 60 millones de pesetas» (más de 360.000 euros) que empleaba para la compra de acciones «y luego no podía tapar los agujeros».

Pese a estos desmanes económicos del gerente desde finales de la década de los 90 de Mercalicante, el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, se interesó por si fue por esto que Mercalicante llegase a la quiebra o por una mala gestión en general. «La quiebra fue por todo», apuntó Marco, quien indicó que en la contabilidad se reflejaban los movimientos extraños que efectuaba el acusado actualmente buscado por la Justicia.