Mercalicante facultó por contrato a Clavero para poder operar en Bolsa

Los controles fallaron o se puso poco empeño en cortar los excesos económicos del exgerente de Mercalicante, José Emilio Clavero, quien debería sentarse en el banquillo de los acusados por el saqueo de la entidad mixta, participada por el Ayuntamiento alicantino y Mercasa. El prófugo está acusado de gastarse cuantiosas sumas de la mercantil agroalimentaria en Bolsa, comprarse una casa o sufragar un coche de rallye. Sin embargo, Clavero se movió por el mercado de valores porque podía, ya que su contrato incluía una cláusula que le facultaba para ello.

La Audiencia Provincial acogió ayer la cuarta sesión del juicio por estos hechos, para determinar si los desmanes de Clavero sumieron a Mercalicante en la quiebra dejándole un agujero de alrededor de 4 millones de euros. En la jornada se pusieron sobre la mesa del tribunal los informes policiales que dieron cuenta de los numerosos movimientos bancarios del exgerente.

Lo cierto es que en el año 2000, los ingresos de Clavero y de su esposa, acusada también, se triplicaron, tal y como sacó a relucir uno de los agentes de la Policía Judicial encargados de elaborar los informes policiales. Además, dos de las mencionadas 'tres íes' realizaron un traspaso de 105.000 euros para la compra de la casa del matrimonio.

Es en la parte del informe sobre las disposiciones que hacía el gerente de Mercalicante donde surgen las dudas. El Ministerio Público elevó ayer su escrito de acusación a definitivas, por lo que mantiene sus tesis iniciales. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción sostuvo a lo largo del proceso que los miembros de la comisión ejecutiva actuaron en connivencia con Clavero.

No obstante, el TSJ primero y la Audiencia Provincial después exoneraron al alcalde entonces, Luis Díaz Alperi, y los ediles Juan Zaragoza y José María Rodríguez Galant. Estos tres, junto con dos miembros de Mercasa, debían haber fiscalizado la actuación de Emilio Clavero, quien no podía disponer de más de 90.000 euros (15 millones de pesetas) de Mercalicante sin la firma del presidente del Consejo de Administración, u otro en su sustitución.

Aun así lo hizo, sin que se haya podido aclarar cómo. Si bien es cierto, el edil Juan Zaragoza avaló con su firma un préstamo de 400 millones de pesetas (2,4 millones de euros) que el exgerente se jugó días después en el mercado de valores, lo que generó un saldo negativo de más de 6 millones de pesetas. Alperi explicó el martes en el juicio que Clavero les estafó.

Antes que el agente, pasó por la Sección Segunda un antiguo socio de los hermanos Gregory, responsables de Logística Alicantina del Frío (LAF), la empresa subarrendada en las naves adjudicadas inicialmente a las 'tres íes', cuya operativa habría sido clave para dejar el agujero económico en Mercalicante. «No veía normal lo del subarrendamiento», señaló al tribunal Javier Caravaca, pese a que en su declaración en instrucción los vio «normal».

Las partes interpelaron en repetidas ocasiones al testigo para que aclarase cómo LAF se asentó en tres naves, las de las 'tres íes', sin mucho éxito a consecuencia del tiempo. «Se dijo que el dinero podía ir al partido», en referencia a la agrupación «que estaba en el gobierno», aunque poco más especificó. «Me parecía muy raro todo, pero no sé quién estaba detrás», apostilló Caravaca.