Cepyme denuncia en Anticorrupción al conseller Buch y a la directora del IVF

Como anunció hace unos días, tras el acuerdo unánime de su junta directiva, la patronal de pymes de la provincia, Cepyme, ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Provincial de Alicante y de Valencia de un amplio y detallado escrito de denuncia por el crédito de 3 millones de euros que en su día concedió el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a la patronal Coepa y que ésta, según la versión de Cepyme, no ha devuelto. En el centro de la diana de la Confederación que preside Cristóbal Navarro se sitúan el conseller de Economía, Industria, Empleo y Turismo, Máximo Buch, y la directora general del IVF, Mariona Roger. La demanda ha sido admitida a trámite y, según Navarro, la Fiscalía podría iniciar en breve diligencias previas de investigación en base a la documentación aportada y las referencias descritas, pues mucha de esa información le ha sido negada a Cepyme por parte de Coepa y del IVF, según explica en la denuncia Cristóbal Navarro.

El eje de la demanda es un crédito de 3 millones de euros que el IVF concedió en favor de la patronal Coepa en octubre del año 2010 avalado por un derecho de superficie que Coepa ostenta sobre una finca registral cedida por el Ayuntamiento de Alicante en diciembre del año 2000 en el polígono de Babel para construir el centro de oficios y el simulador de riesgos laborales.

Cepyme le explica al fiscal Felipe Briones, encargado de la unidad de Anticorrupción en Alicante, que Coepa acumula impagos sobre dicha operación de crédito «de cuantías sumamente considerables según las cuentas anuales de Coepa del año 2013 y de septiembre de 2014 auditadas por Deloitte y en las que se recoge la gravedad de la situación derivada de esta operación con el IVF».

Según Cristóbal Navarro, el tesorero de Coepa admitió en una junta directiva que el IVF no ha requerido el pago a Coepa de los «cuantiosos» vencimientos de capital y sus intereses correspondientes. En agosto de 2014, Cepyme se dirigió a la directora del IVF para recabar información sobre el estado del préstamo. Un mes después, Mariona Roger «deniega» el acceso a cualquier información y «omite cualquier referencia al deber de su cargo para reclamar los vencimientos no atendidos». En enero de este año, Cepyme insiste ante el IVF para que reclame a Coepa «los intereses públicos».

Navarro relata al fiscal «el quebranto del principio de igualdad de trato con todos los administrados en favor de una organización patronal que pública y notoriamente se convierte en herramienta política del partido en el Gobierno de la Generalitat». Además, Cepyme afirma que la garantía del crédito del IVF es sobre la cesión del suelo por el Ayuntamiento «sin que Coepa lo informara, por lo que en caso de resolución del convenio el IVF perdería el crédito en su totalidad». Se refiere Navarro a que la cesión era para labores formativas y el centro lleva dos años prácticamente cerrado, salvo una acción puntual de la que Coepa informó a través de un medio de comunicación alicantino.

Cepyme cree que el IVF no exige la devolución de los 3 millones «por intereses estratégicos y electoralistas del PP en lugar de hacer prevalecer el interés público» y acusa al IVF y sus dirigentes de un presunto delito de malversación de caudales públicos y de otro de ayuda pública ilegal.

Venta de la sede

La versión de Cepyme es que también podría tener responsabilidad ele conseller de Economía, Máximo Buch, el cual autorizó la venta de la antigua sede de Coepa en la plaza Ruperto Chapí, concretada tras el pasado verano y en cuya compra Coepa invirtió 600.000 euros del antiguo Impiva de la Conselleria de Industria. «Ahora se vende y hay plusvalías de cientos de miles de euros sin que se haya destinado ni un céntimo a devolver el crédito el IVF», apunta Navarro a la Fiscalía.

Cepyme informó en febrero pasado al conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, del que depende directamente el IVF, y al jefe del Consell, Alberto Fabra, de estos hechos ahora trasladados al fiscal.

Por otro lado, Cepyme registró ayer en el Ayuntamiento de Alicante un escrito para pedir que el primer Pleno de la nueva Corporación aborde la cesión de suelo a Coepa mediante el convenio del año 2000 y que, debido al «incumplimiento» de su objetivo, el consistorio rescate el edifico como un activo público municipal más.